El sistema de adjudicación de vivienda pública en la capital almeriense ha despertado el rechazo del grupo municipal de Vox. La formación ha criticado con dureza la normativa reguladora del Ayuntamiento de Almería, denunciando que el azar sea el método exclusivo para designar a los beneficiarios de los inmuebles protegidos. El concejal Martín de los Reyes ha abogado por una profunda reestructuración del reglamento con el fin de introducir un principio de prioridad nacional y sustituir los sorteos por una baremación con criterios medibles. Según ha defendido el edil, este cambio metodológico busca "otorgue preferencia a quien más lo necesite y que le hacen merecedor de la atribución de una vivienda protegida", aclarando además que la institución local posee las competencias necesarias para ejecutar dicha modificación al no existir normativas de rango superior que lo obstaculicen.
Desde la perspectiva de la formación, la implantación de una escala de puntuación resulta una fórmula mucho más equitativa y evita transformar la administración en una especie de tómbola donde los ciudadanos con situaciones vulnerables se ven obligados a depender de la fortuna. De los Reyes ha argumentado que resulta una cuestión de lógica elemental valorar de forma prioritaria la vinculación y el arraigo de aquellos vecinos que han residido de manera continuada y sostenida en el municipio, aportando su esfuerzo fiscal a las arcas de Almería a lo largo de su trayectoria vital. Para el concejal, este perfil debe anteponerse al de personas que carecen de vínculos históricos o familiares con la localidad y que nunca han participado en el sostenimiento de los servicios públicos locales.
Por otro lado, la crítica del partido también se ha dirigido hacia los vacíos legales detectados en el marco normativo de la Junta de Andalucía. El representante de Vox ha lamentado la ausencia de cláusulas autonómicas que impidan el acceso a estos inmuebles a ciudadanos con un historial vinculado a la ocupación ilegal o al impago sistemático de alquileres. En este sentido, ha censurado que el ordenamiento jurídico actual no penalice a quienes cuenten con sentencias firmes por delitos de usurpación de inmuebles, permitiendo que infractores condenados por estas prácticas puedan optar a una vivienda de protección oficial en igualdad de condiciones que el resto de la población.