Desde la periferia del Estado, concretamente desde esta esquina habitualmente ignorada que es la provincia de Almería, contemplar el circo político de la capital suele ser un ejercicio de entretenimiento de primera categoría. El último grito en el catálogo de genialidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consiste en restringir el acceso al abono transporte exclusivamente a las personas que estén empadronadas en dicha comunidad autónoma o en determinados municipios colindantes. Una medida con la que se pretende vender orden administrativo, pero que esconde un trasfondo ideológico bastante más afilado.
A nadie se le escapa que el objetivo real de la iniciativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso no es optimizar el funcionamiento del metro o los autobuses madrileños, ni tan siquiera es aplicar de tapadillo esa "prioridad" que tanto invoca Vox. En plata: se trata de dificultar al máximo la vida de los inmigrantes en situación irregular. Para este colectivo, poseer un abono transporte nominativo no es solo una tarjeta para desplazarse; es, fundamentalmente, una prueba documental irrefutable que confirma su estancia y residencia en ese territorio durante el tiempo suficiente para poder solicitar su regularización por arraigo. Al retirarles la posibilidad de tener este documento, la presidenta madrileña busca un gesto de dureza contra la inmigración, privándoles del rastro civil de su existencia.
Sin embargo, la obsesión por asfixiar administrativamente al eslabón más débil suele provocar daños colaterales de lo más cómicos, si no fueran trágicos. En su afán por perseguir al extranjero, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha terminado por fastidiar la vida cotidiana de miles de ciudadanos nacidos en el propio Estado que residen allí por múltiples razones sin estar empadronados.
Los ejemplos reales abundan y rozan el absurdo. Quien esto escribe pasó sus años de estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid manteniendo el empadronamiento en la casa paterna, en la Comunidad Autónoma de Andalucía —en Granada, concretamente—, debido a la lógica inestabilidad de cambiar de piso de alquiler cada curso académico. Del mismo modo, un compañero de facultad de origen canario jamás se habría empadronado en Madrid por una razón económica aplastante: perder el descuento de residente en los billetes de avión que le permitía volar de la península a Canarias para visitar a su familia habría sido un suicidio financiero.
Todos ellos, ciudadanos del Estado «muy españoles y mucho españoles», emulando la célebre retórica del expresidente Mariano Rajoy, se encuentran ahora pagando el pato de una guerra identitaria ajena. Esto demuestra que la famosa «prioridad nacional» que abandona Vox —partido que, por cierto, cuenta en la provincia de Almería con una de sus portavoces más mediáticas, la diputada Rocío De Meer, madrileña ella— es un artefacto propagandístico mucho más chapucero y complejo de lo que pretenden hacer ver en sus mítines.
Porque, si nos ponemos rigurosos con los datos y la legislación, habría que preguntarse una vez más: ¿qué demonios es la prioridad nacional? ¿Hablamos de un ciudadano de origen senegalés que obtuvo la nacionalidad hace cuatro años cumpliendo escrupulosamente los cauces legales? ¿O de los hijos de inmigrantes nigerianos o argelinos que, al haber nacido en España de padres nacionalizados, son tan ciudadanos de pleno derecho como el que más? El enredo es monumental, sobre todo cuando el Estado otorga derechos tan cruciales como el voto a nietos de exiliados de la Guerra Civil que residen en el extranjero, que jamás han pisado el suelo peninsular ni tienen el menor interés en venir, mientras se le niegan facilidades cotidianas a quienes levantan el país en el día a día.
La conclusión es palmaria. Por muchas vueltas teóricas que se le den en los platós de televisión o en las tribunas madrileñas, la «prioridad nacional» aplicada a la movilidad urbana no deja de ser una soberana estupidez de tamaño descomunal. Un concepto vacío concebido contra la lógica más elemental que, a la hora de la verdad, encalla en la burocracia y acaba perjudicando a los mismos ciudadanos del país a los que supuestamente prometía proteger. Madrid prioriza, sí, pero solo su propia miopía política.