Las obras de la infraestructura de Alta Velocidad en la provincia de Almería, actualmente bajo investigación dentro del marco del denominado caso Koldo, contaron con todas las garantías legales según la defensa técnica. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha descartado de forma categórica la existencia de cualquier tipo de irregularidad en estos contratos públicos que afectan al territorio almeriense. A través de de cinco informes elaborados por ella misma en su condición de perito ingeniera, ha remitido una detallada argumentación al magistrado instructor de la causa, Ismael Moreno, certificando que resulta materialmente imposible que los procesos de adjudicación fueran objeto de modificaciones o amaños malintencionados.
La documentación aportada desglosa con precisión las matrices técnicas de las adjudicaciones de infraestructuras bajo sospecha, entre las que figuran de forma destacada los proyectos de Alta Velocidad correspondientes a Almería, además de otros trazados situados en Murcia, Lugo, Asturias y la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat.
Estas licitaciones, que involucraron a empresas como Acciona, Ferrovial, OPR y ASCH, se sometieron a un exhaustivo procedimiento de supervisión. Según se detalla en los análisis periciales, en cada una de las adjudicaciones intervinieron de manera directa entre 25 y 50 funcionarios y técnicos vinculados a diferentes departamentos, quienes evaluaron más de un centenar de informes independientes emitidos tanto por las áreas internas del administrador ferroviario como por instituciones del Estado español totalmente externas a la entidad contratante.
Pardo de Vera incide en que durante su gestión al frente del organismo se implantó un riguroso sistema enfocado en la transparencia y la trazabilidad de los contratos, un mecanismo de control que califica como enteramente incompatible con cualquier acusación o sospecha de corrupción. La exalta dirección afirma que su participación en el desarrollo de los expedientes tuvo un carácter meramente orgánico e institucional, recayendo el peso de las validaciones en una estructura colegiada de especialistas de los ámbitos de la ingeniería, la administración, el derecho y la economía. Esta densa red de fiscalización interna y externa diluye, según los documentos aportados, las sospechas de prácticas ilícitas en un procedimiento judicial donde también se encuentran investigadas otras personas, entre ellas el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y diversos perfiles empresariales.
La secuencia ordenada que la ingeniera ha trasladado al juzgado busca clarificar la competencia y los nexos causales de cada nivel organizativo en la firma de documentos y contratos. La argumentación de la defensa concluye afirmando que cada paso administrativo e inversión en las obras destinadas a la provincia de Almería estuvo debidamente justificado, auditado e inspeccionado conforme a la legalidad vigente en España. La intervención de múltiples mesas de contratación y órganos de control económico y jurídico sirve para avalar la integridad de los procedimientos de las obras públicas ferroviarias, descartando fisuras normativas en el desarrollo del proyecto.