La crisis política ha estallado con fuerza en la provincia de Almería tras la firme decisión del PSOE de abrir un expediente sancionador a sus cinco representantes en el Ayuntamiento de Carboneras. Esta medida disciplinaria se ha adoptado de forma contundente después de que el grupo municipal socialista decidiera desoír las directrices de la cúpula del partido y votar en el pleno a favor de postergar la revisión de oficio destinada a anular la licencia de obras del polémico hotel de El Algarrobico, un paso administrativo que la formación considera crucial e inapelable para avanzar hacia la demolición definitiva del edificio.
El líder provincial de los socialistas, José María Martín, compareció ante los medios para explicar los motivos de este desencuentro interno, remarcando que los ediles ignoraron las instrucciones específicas que se les habían facilitado desde las estructuras de la organización. Martín fue rotundo al señalar que la postura de su partido sobre este espacio costero es inamovible y pasa de forma ineludible por acatar los mandatos de los tribunales. Según argumentó, invalidar el permiso municipal no es una opción debatible, sino una imposición judicial y el requisito indispensable para tumbar la edificación. En su intervención recordó además que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaron en su día que la edificación se asienta sobre terrenos totalmente protegidos, vulnerando la legalidad vigente.
Para la ejecutiva de la formación, el sentido del voto en la sesión plenaria de este miércoles tendría que haber respaldado de forma clara la suspensión de los permisos otorgados en su día a la promotora. El secretario general insistió en que el desmantelamiento de la estructura no tolera más prórrogas tras veinte años de litigios continuos en los juzgados, manifestando abiertamente el deseo del partido de que la piqueta actúe con la máxima urgencia, idealmente al día siguiente si fuera posible. Respecto a si este proceso interno culminará con la expulsión definitiva de los implicados, la dirección se limitó a aclarar que se dará voz a los afectados y se resolverá estrictamente conforme a lo que dicten los estatutos internos.
La controversia local se desató cuando el portavoz del grupo en el consistorio de Carboneras, José Luis Amérigo, alineó su postura con la de otros cuatro compañeros de bancada para apoyar una moción de un concejal independiente. Dicha iniciativa perseguía congelar provisionalmente el expediente administrativo con el fin de recabar nuevos informes técnicos complementarios sobre el impacto económico y patrimonial que acarrearía la anulación. Paralelamente, desde la dirección regional en Sevilla, la portavocía en el Parlamento autonómico respaldó las acciones disciplinarias y calificó la mole de hormigón como un auténtico monumento a la destrucción del medio ambiente, ratificando el compromiso inflexible de su organización para liquidar el proyecto.