Hay fenómenos que desafían las leyes de la física y el sentido común, y luego está el hotel de El Algarrobico en Carboneras. Veintitrés años contemplan a ese imponente mamotreto de hormigón incrustado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Dos décadas de folclore judicial, declaraciones grandilocuentes y veranos que pasan sin que caiga un solo cascote. El último capítulo de este sainete ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Carboneras, donde un pleno exprés de apenas un cuarto de hora ha vuelto a dejar la demolición en el limbo de los justos. El guion es tan rocambolesco que ni el mejor humorista local habría podido prever la carambola: los cinco concejales del PSOE, capitaneados por José Luis Amérigo, se han aliado con el exalcalde y ahora edil no adscrito (anteriormente en el PP) Felipe Cayuela y la concejala independiente Ángeles Carrillo (exPP) para bloquear la anulación de la licencia de obras. Siete votos contra cinco. Todo ello a pesar de los requerimientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Un quiebro político que ha obligado a la dirección de su propio partido a abrirles un expediente disciplinario a velocidad de vértigo.
Ante semejante panorama, las reacciones no se han hecho esperar. La más llamativa, por el asombroso ejercicio de adanismo político que destila, ha sido la de José Ignacio García, portavoz y líder de Adelante Andalucía. Con la frescura de quien acaba de bajarse de una nave espacial directa desde otra galaxia, ha salido a la palestra exigiendo que se ejecute ya el derribo y que el hotel "se saque de la peleílla entre el PP y el PSOE".
Es enternecedor. Escuchar al líder de la izquierda autonomista hablar de una "peleílla" a estas alturas demuestra una de dos cosas: o bien padece una amnesia severa, o bien confía ciegamente en que el resto del pasaje comparta su falta de memoria. Atribuir la supervivencia del hotel a un mero rifirrafe de patio de colegio entre las dos grandes formaciones del Estado no solo es faltar a la verdad; es obviar cómo se construyen los mitos del ladrillo en esta esquina de la Península.
Hagamos un poco de memoria histórica, esa disciplina que a veces resulta tan incómoda. El hotel de El Algarrobico no nació por generación espontánea ni por un descuido de dos partidos discutiendo. Tuvo nombres, apellidos y firmas muy concretas. La licencia original de obras la concedió en el año 2003 un alcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández. Aquel proyecto no solo no fue perseguido, sino que contó con el aplauso entusiasta y el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, entonces gobernada con mano de hierro por el PSOE. Para redondear la jugada, el mismísimo Gobierno central, también bajo siglas socialistas, se encargó de tramitar las suculentas ayudas procedentes de la Unión Europea para que el sueño de Azata del Sol cobrara forma sobre la arena.
Es cierto, justo es reconocerlo, que el viento cambió de rumbo cuando otra socialista, la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, se dio cuenta del desaguisado paisajístico e inició una auténtica guerra de despachos e hilos judiciales para paralizar las obras e intentar echar abajo la estructura. Desde ese punto de inflexión ha llovido bastante. Tanto que, desde hace al menos quince años, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sostienen oficialmente en sus programas y declaraciones que ese hotel es un insulto a la belleza natural de la costa de la provincia y que debe ser demolido.
Si el armatoste sigue en pie, bloqueando las puestas de sol de Carboneras, no es porque populares y socialistas mantengan una pugna secreta para preservarlo mientras fingen pelearse en los platós. Es porque el entramado jurídico del Estado es extremadamente garantista y la promotora ha estirado cada resquicio legal, cada recurso y cada coma de los procedimientos para dilatar el desenlace de la demolición.
Por eso, que el estreno o la consolidación de José Ignacio García como rostro visible de la formación andalucista pase por este discurso simplista resulta, cuanto menos, irónico. El afán por arañar un puñado de votos presentándose como la única fuerza pura, ajena al supuesto "bipartidismo del Algarrobico", tropieza de bruces con la maldita hemeroteca. Resulta curioso que critique con tanta ligereza el legado de unas siglas con las que su espacio político no ha tenido reparos en entenderse en el Parlamento de Andalucía cuando las matemáticas electorales apretaban contra el Gobierno de Juanma Moreno. Ese socialismo andaluz al que pretendían investir en cinco minutos en tiempos no tan lejanos es el mismo que integraba los Consejos de Gobierno que bendijeron el proyecto. Es el mismo partido que, para más inri, no dudó en indultar en su día al mismísimo Cristóbal Fernández tras su condena en firme por delito electoral.
En este asunto no hay "peleíllas" que valgan, por mucho que el juego parlamentario obligue al presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, a salir en tromba acusando al PSOE de torpedear el derribo tras el esperpento del último pleno municipal, y mientras el secretario provincial del PSOE, José María Martín, expedienta a los concejales rebeldes. La realidad de la provincia es tozuda: la parálisis actual en Carboneras responde a un sudoku judicial complejo y al pánico escénico de unos concejales ante las indemnizaciones millonarias que la promotora reclama. Buscar el titular fácil obviando veintitrés años de decretos, convenios y complicidades cruzadas es tomar por tontos a los ciudadanos de la provincia. Aquí el único que parece no haberse enterado de la misa la media —o que prefiere mirar para otro lado— es el propio portavoz de la oposición.