La administración autonómica ha expresado su firme deseo de que los representantes del PSOE en el consistorio de Carboneras, en la provincia de Almería, den marcha atrás en su postura y procedan a ejecutar el fallo judicial que resulta indispensable para recuperar el entorno protegido del hotel de El Algarrobico. Esta reacción se produce después de que la sesión plenaria de la localidad costera decidiera suspender la revocación del permiso de edificación, respaldada por una mayoría compuesta por cinco ediles socialistas y dos concejales independientes, con el argumento de recabar análisis legales adicionales sobre las repercusiones financieras de dicha resolución.
Catalina García, responsable en funciones del área de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha recordado que el propósito compartido es la desaparición de un inmueble que jamás debió levantarse en ese paraje natural. Asimismo, ha valorado positivamente los recientes posicionamientos en el ámbito estatal que coinciden en que la supresión definitiva de la licencia es el trámite previo y obligatorio antes de plantear cualquier escenario de expropiación del terreno.
La consejera en funciones ha incidido en que el único camino posible es el estricto cumplimiento de la legalidad, recordando que ya existen pronunciamientos determinantes tanto del Consejo Consultivo como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según ha explicado la mandataria, el paso administrativo pendiente corresponde de forma exclusiva al pleno municipal, por lo que no cabe la búsqueda de más informes externos para dilatar el proceso de anulación de un permiso que los tribunales ya consideran inválido.
Respecto al escenario que se abre tras el bloqueo municipal, la titular de Sostenibilidad ha advertido que la propia justicia contempla mecanismos de actuación directa. El alto tribunal andaluz tiene la potestad de intervenir y anular de oficio la licencia si constata que la administración de Carboneras elude de forma definitiva el requerimiento judicial, quedando en manos de los magistrados la decisión de otorgar un nuevo margen al ayuntamiento o proceder a la ejecución forzosa de la sentencia.