Una operación de la guardia civil en la provincia de Almería ha permitido resolver la sustracción de un teléfono valorado en mil euros en el municipio de Albox. La intervención policial no solo ha acabado con el presunto delincuente bajo custodia, sino que también ha dejado bajo investigación penal a la persona que adquirió el dispositivo en el mercado negro, lo que eleva a trece el número de implicados en delitos similares en el territorio almeriense durante los últimos meses.
La sucesión de hechos arrancó a finales del pasado mes de abril en un negocio de restauración de la citada localidad del Almanzora. El dueño del local denunció que alguien se había llevado el terminal de gama alta que empleaba de forma habitual para tramitar las comandas y los pedidos de los clientes, aprovechando un descuido del personal. A partir de ese instante, las fuerzas de seguridad del puesto de Albox asumieron las pesquisas para esclarecer lo sucedido.
El rastreo de pistas y el análisis de la información recabada por los agentes sobre el terreno condujeron rápidamente hacia un sospechoso habitual de la zona, conocido ya por contar con un amplio historial delictivo por infracciones idénticas. Al ser localizado por la guardia civil, el individuo terminó por confesar la autoría del hurto y desveló que se había deshecho del aparato telefónico vendiéndolo a un tercero por la ínfima cantidad de sesenta euros.
Las indagaciones continuaron hasta dar con el paradero del comprador del dispositivo, quien accedió a entregar el teléfono de manera voluntaria al comprobar la presencia de los investigadores. El terminal fue restituido a su propietario legítimo tras una identificación inequívoca. No obstante, dado que el receptor adquirió una tecnología de coste elevado por una cifra ridícula en comparación con su valor de mercado real, las autoridades abrieron un expediente de investigación contra él por un supuesto delito de receptación, al entender que existían indicios claros de que conocía la procedencia ilícita del objeto.
Ante este tipo de situaciones, las fuerzas de seguridad han insistido en la necesidad de vigilar constantemente las pertenencias en espacios públicos o terrazas y de configurar herramientas de seguridad como el bloqueo a distancia o las copias de respaldo. También se aconseja guardar el código IMEI para agilizar las denuncias y desconfiar sistemáticamente de gangas exageradas en la compraventa de segunda mano, exigiendo siempre facturas o justificantes. Convenir en la compra de artículos robados puede acarrear consecuencias penales graves, con condenas que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión según el Código Penal vigente.