La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha tomado una decisión drástica que sacude el panorama político de la provincia de Almería. La dirección central del partido ha ordenado la expulsión temporal y la apertura de un expediente disciplinario a los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras. Esta medida fulminante llega tras desoír los ediles las directrices oficiales de la formación respecto al proceso para el definitivo derribo del hotel situado en el paraje de El Algarrobico, un asunto de enorme trascendencia medioambiental y urbanística para todo el litoral almeriense.
La resolución orgánica se adoptó este jueves a petición expresa de la dirección provincial del PSOE de Almería, después de los acontecimientos ocurridos en la sesión plenaria celebrada el miércoles 17 de junio. En dicha reunión, los cinco representantes locales unieron sus votos para dejar sobre la mesa la propuesta que pretendía revisar de oficio y anular la licencia de obras del polémico establecimiento hotelero. Este aplazamiento impidió avanzar en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la cual declaró nulo el permiso de edificación, un trámite administrativo que resulta indispensable antes de proceder a la demolición de la estructura.
Desde las instancias superiores de la formación política se ha reaccionado con firmeza, manifestando que el hotel de El Algarrobico se va a tirar de manera inevitable. Las esferas directivas andaluzas y del Estado español recalcaron en la víspera que un atentado contra el medioambiente de semejante magnitud trasciende por completo el ámbito de la decisión política estrictamente local, convirtiéndose en una prioridad indiscutible para toda la organización. La actuación de los representantes en Carboneras rompió de este modo la disciplina de voto requerida ante una directriz que había sido comunicada de forma explícita.
El documento dictado por la Ejecutiva Federal imputa a los afectados la posible comisión de dos faltas catalogadas como muy graves. La primera de ellas se fundamenta en haber contravenido los acuerdos adoptados por los órganos competentes del partido, ya que los miembros del grupo municipal conocían de antemano el posicionamiento favorable exigido por las direcciones provincial y regional. La segunda falta muy grave se argumenta en el grave perjuicio infligido a la imagen de la organización política, derivado de la gran repercusión mediática que ha generado su conducta en la gestión de este conflicto urbanístico en la provincia de Almería.
Pese a la contundencia de las medidas cautelares aplicadas, la resolución aclara que estas acciones disciplinarias se consideran proporcionales y se imponen respetando la presunción de inocencia, a la espera del desarrollo definitivo del expediente que determine con exactitud los hechos. A partir de la notificación oficial del texto, las personas afectadas disponen de un plazo de tres días para presentar sus correspondientes alegaciones y aportar las pruebas de descargo que estimen convenientes para su defensa. Asimismo, el procedimiento administrativo interno les otorga la posibilidad de interponer un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en un periodo de diez días hábiles.