El desarrollo judicial del denominado 'caso Mascarillas' ha sumado un nuevo capítulo en Almería con la comparecencia de varios de los empresarios salpicados por la investigación. Ante el magistrado instructor Manuel Rey Bellot, los representantes de las firmas constructoras investigadas han rechazado tajantemente cualquier vinculación con el abono de dádivas ilegales a cambio de adjudicaciones, asegurando que sus operaciones comerciales con la Diputación de Almería se rigieron bajo un marco de estricta legalidad.
Durante los interrogatorios, los encausados optaron por una estrategia de defensa restrictiva, contestando exclusivamente a las preguntas formuladas por sus propios letrados. Fuentes próximas al procedimiento confirmaron que los comparecientes insistieron en que jamás ofrecieron prebendas ni ventajas a funcionarios o cargos públicos para inclinar las licitaciones a su favor, desmarcándose por completo de las acusaciones de cohecho.
Los indicios recopilados por la Unidad Central Operativa de la guardia civil apuntan a que los empresarios habrían formado parte de un sistema de manipulación de contratos de obras y servicios aprovechando presuntamente la influencia de Óscar Liria, antiguo vicepresidente tercero y diputado de Fomento. Frente a estas sospechas, los investigados negaron haber participado en un entramado fraudulento, descartando que actuaran tanto en calidad de beneficiarios directos como de licitadores ficticios ideados para encubrir el cobro de comisiones ilegales.
De hecho, el responsable de una de las corporaciones con mayor volumen de negocio llegó a manifestar que su firma ha ejecutado proyectos públicos con un «beneficio cero», o incluso asumiendo pérdidas financieras, debido al compromiso ético que mantienen con los diferentes niveles de la administración local, autonómica y estatal. Por otra parte, la sesión dejó constancia de que uno de los implicados prefirió acogerse a su derecho constitucional a no declarar, mientras que otro de los empresarios, asistido por vía telemática desde Barcelona, se limitó a desvincularse de cualquier conducta tipificada como delito.
En el lado opuesto, la acusación popular que ejerce el PSOE a través del abogado Javier Salvador puso el acento en la extrema gravedad de las imputaciones que pesan sobre las empresas. De acuerdo con los informes de los investigadores, estas entidades habrían operado como una pieza indispensable de un engranaje diseñado para la captación y posterior blanqueo de fondos públicos. Salvador remarcó antes del inicio de los interrogatorios que «para que exista corrupción tiene que haber corruptores, estamos en el proceso de saber quién es quién y qué papel jugaban», incidiendo en la importancia de esclarecer las responsabilidades antes de que continúen las sesiones programadas.
Asimismo, la acusación criticó con dureza el contexto en el que presuntamente se desarrollaron estas prácticas, coincidiendo con la fase más restrictiva de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, bajo la vigencia del estado de alarma y el confinamiento de la población. A juicio del representante de la acusación, este escenario excepcional fue aprovechado desde la institución provincial «como una oportunidad sin igual para la gran mordida». En relación con la terminología bajo sospecha, el letrado concluyó que, «en el lenguaje de la organización criminal, habrá que determinar si son los dentistas o había otras figuras intermedias aún no identificadas en esta 'ingeniería de la mordida'».