El futuro del soterramiento de las vías del tren en Almería vuelve a generar una fuerte tensión entre las administraciones. El Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía han manifestado un profundo malestar y preocupación por la falta de transparencia en torno a la evolución de las obras de integración ferroviaria, tras constatar la ausencia de datos claros sobre el calendario de ejecución y el impacto real de los nuevos cambios económicos planteados en el proyecto.
Este descontento se hizo evidente durante la última reunión de la Comisión de Seguimiento encargada de supervisar la segunda fase de estos trabajos esenciales. El encuentro, que supone el primero que celebra este órgano desde el pasado mes de enero, fue convocado a raíz de las insistentes reclamaciones de la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, alarmada por la proximidad del vencimiento de los plazos fijados en el contrato inicial sin que se concreten los avances sobre el terreno.
El principal foco de desconfianza radica en la tramitación de un segundo modificado del proyecto, una medida autorizada por el Consejo de Administración de Adif pero cuyos detalles técnicos y financieros siguen siendo un misterio para el resto de los socios institucionales. Tanto el consistorio como el ejecutivo autonómico consideran crucial conocer las razones exactas que han propiciado este nuevo cambio contractual, así como las consecuencias que pueda acarrear para el desarrollo global de las obras y el reparto de costes fijado en el convenio trilateral.
Ante este escenario de incertidumbre, se ha reclamado un informe pormenorizado que aclare el estado real de la infraestructura y justifique las variaciones económicas introducidas. Como medida de fiscalización inmediata, la Junta de Andalucía ya ha solicitado una inspección técnica presencial para este próximo lunes, con el fin de evaluar directamente sobre el terreno el ritmo de los trabajos y calibrar el volumen de actuaciones que aún quedan pendientes por ejecutar.
Desde el gobierno local se ha insistido en que este proyecto representa una transformación urbana vital y un salto cualitativo en la conectividad ferroviaria de toda la provincia de Almería. Por ello, ambas administraciones defienden que la lealtad institucional exige mantener una comunicación fluida y rigurosa, especialmente cuando las decisiones unilaterales pueden alterar los compromisos económicos ya asumidos. En este sentido, conviene recordar el notable esfuerzo financiero realizado por las dos entidades, que incrementaron sustancialmente su aportación económica hasta alcanzar los 80,1 millones de euros conjuntos para garantizar que el soterramiento sea una realidad.