La huelga médica que afecta al sistema sanitario ha tenido un impacto directo en la provincia de Almería, donde se han suspendido un total de 15.096 actos sanitarios durante la última semana de protestas, desarrollada entre el 16 y el 19 de junio. Esta interrupción del servicio forma parte del conflicto generalizado contra el Estatuto Marco regulado por el Ministerio de Sanidad, que ya ha encadenado seis huelgas de facultativos. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado duramente la gestión de la administración central y ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, por no dedicar tiempo a dialogar ni a buscar un acuerdo que evitase el paro de los profesionales.
La cancelación de estas 15.096 consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y citas externas en la provincia de Almería sitúa al territorio dentro del panorama de afectación que sufren el resto de las provincias andaluzas. En el desglose de esta última semana, Sevilla se sitúa a la cabeza con 52.923 actos suspendidos, seguida por Málaga con 43.790, Cádiz con 25.812 y Granada con 25.250. En una situación cuantitativa cercana a la demarcación almeriense se encuentra Córdoba con 15.199 anulaciones, mientras que por debajo se posicionan Huelva, con 12.736, y Jaén, que cierra la lista con 9.829 actos médicos suspendidos. En términos globales para toda la comunidad, solo esta última semana de movilizaciones ha supuesto la pérdida de 211.504 actos sanitarios, con un coste económico estimado de 28,64 millones de euros.
La dimensión de la problemática es todavía mayor si se analiza el recorrido histórico del conflicto, que comenzó a agravarse el pasado mes de diciembre. Desde entonces, el acumulado de actos sanitarios suspendidos en el territorio autonómico supera los 1,5 millones, lo que arroja una media de unas 60.000 cancelaciones diarias entre los diferentes servicios asistenciales. Esta parálisis prolongada ha generado un impacto económico total que asciende a los 199,69 millones de euros, una factura que, según ha remarcado el consejero, están pagando de forma directa los ciudadanos andaluces y del resto de España ante la negativa del Gobierno central a sentarse con los representantes del sector médico.
Ante este escenario, Sanz ha calificado a la ministra de Sanidad como la peor de la historia de la democracia española y la ha tildado de pirómana política de la sanidad pública, acusándola de estar más centrada en sus aspiraciones electorales que en solucionar las demandas laborales de los facultativos. El representante del Gobierno autonómico ha exigido la dimisión inmediata de la ministra o su cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha reprochado al PSOE y a sus socios que permitan la pérdida constante de citas y operaciones a pesar de asegurar que defienden el sistema sanitario público. Frente a la postura estatal, el consejero ha subrayado que desde la administración autonómica se respaldan las reivindicaciones de los médicos y se aplica una política basada en el sentido común, el acuerdo y el diálogo permanente dentro de sus competencias.