En un acto celebrado en Granada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ana Tárrago, han firmado un convenio de colaboración que busca optimizar el intercambio de información entre las instituciones encargadas de la protección de menores. Este acuerdo tiene como objetivo principal asegurar una actuación más ágil, segura y coordinada ante situaciones de riesgo o desamparo.
El convenio pretende reforzar la coordinación entre diferentes administraciones públicas y organismos competentes, permitiendo que la información sobre menores vulnerables sea compartida sin demoras y con las debidas garantías. Esto facilitará intervenciones más rápidas y efectivas en casos críticos.
Antonio Sanz ha destacado que «este convenio supone un paso decisivo para garantizar una protección más eficaz de los menores en Andalucía, situando su bienestar por encima de cualquier obstáculo administrativo o burocrático». Además, enfatizó que «no podemos permitir que la falta de coordinación o los retrasos en el intercambio de información condicionen la respuesta ante situaciones de riesgo».
Por su parte, Ana Tárrago ha subrayado la importancia del convenio para la Fiscalía en su labor protectora. Ha señalado que los tiempos de resolución son cruciales para actuar ante situaciones vulnerables, por lo que se debe dar prioridad a las respuestas en los informes solicitados a las instituciones.
Este acuerdo involucra a diversas entidades como la Fiscalía, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), servicios sociales, el sistema sanitario y el ámbito educativo, así como el Instituto Andaluz de la Mujer. Su propósito es mejorar la detección, valoración e intervención en casos potenciales de desprotección.
El texto del convenio establece un marco claro para el intercambio ágil y seguro de información, reforzando el uso de canales fiables y estableciendo pautas específicas para actuar rápidamente en situaciones urgentes. Antonio Sanz ha añadido que «con este acuerdo damos un salto cualitativo en la forma en que las administraciones trabajan conjuntamente», resaltando que «en la vida de un menor, un solo día puede marcar la diferencia».
El convenio también prevé identificar puntos de contacto en cada institución para agilizar las comunicaciones y evitar retrasos. Asimismo, se impulsarán medidas formativas y sensibilizadoras dirigidas a los profesionales involucrados.
Con una vigencia inicial de cuatro años prorrogable, se creará una comisión de seguimiento encargada de supervisar el funcionamiento del acuerdo y proponer mejoras. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con la protección infantil mediante un modelo basado en coordinación institucional, agilidad en las intervenciones y garantía efectiva de los derechos de los menores.