Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una fecha que recuerda los disturbios de Stonewall de 1969, cuando un grupo de personas decidió plantar cara a la discriminación institucional que sufría por el mero hecho de amar o vivir de forma diferente a la norma impuesta. Han pasado casi seis décadas desde entonces y, aunque los avances en derechos han sido indiscutibles, la pregunta sigue siendo la misma: ¿todavía es necesario reivindicar el Orgullo? La respuesta, desgraciadamente, es un sí rotundo.
En Andalucía, esa necesidad adquiere una relevancia especial ante la proximidad de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. No se trata de una cuestión partidista, sino de analizar qué consecuencias puede tener para la igualdad real de las personas LGTBI+ la entrada en las instituciones de una fuerza política que niega la existencia de discriminaciones específicas por orientación sexual e identidad de género, rechaza las políticas públicas de diversidad y cuestiona buena parte de los avances alcanzados en los últimos años.
Las leyes no son inmutables y los derechos tampoco. La historia demuestra que ningún avance social está garantizado para siempre. Hace apenas unas décadas, en España se encarcelaba a las personas por el mero hecho de ser homosexuales. Hoy disfrutamos de una realidad radicalmente distinta, pero eso no significa que la igualdad haya sido plenamente alcanzada ni que los discursos que alimentaron aquella discriminación hayan desaparecido.
Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años es la normalización de mensajes que presentan la diversidad afectivo-sexual y de género como una amenaza o una imposición. Se cuestiona la educación en diversidad en los centros escolares, se atacan campañas de sensibilización y se intenta relegar la orientación sexual o la identidad de género al ámbito estrictamente privado. Sin embargo, la visibilidad nunca ha sido un privilegio, sino una necesidad: quienes no se ven, no existen para las instituciones y quedan más expuestos a la discriminación.
Resulta especialmente inquietante que todavía existan sectores políticos, sociales y religiosos que justifican o minimizan las llamadas terapias de conversión. Estas prácticas, rechazadas por la comunidad científica internacional, parten de una premisa profundamente discriminatoria: que ser gay, lesbiana, bisexual o trans constituye un problema que debe corregirse. Aunque España ha avanzado en su prohibición, siguen apareciendo denuncias relacionadas con intentos de “reorientación” sexual o de género.
Como tampoco han desaparecido los delitos de odio. Las infracciones penales motivadas por la orientación sexual y la identidad de género continúan ocupando una posición destacada entre los motivos de discriminación investigados por la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o por considerar que no servirá de nada.
A ello se suma un contexto social cada vez más polarizado. Las agresiones verbales y físicas contra personas LGTBI+ continúan produciéndose y la discriminación sigue presente en ámbitos tan cotidianos como el empleo, la vivienda o la educación.
Por eso el Orgullo no es una fiesta vacía ni una celebración innecesaria. Es memoria, reivindicación y defensa de los derechos humanos. Es recordar que hubo personas encarceladas por amar, expulsadas de sus hogares o sometidas a terapias de conversión. Y que todavía hoy hay quienes sufren insultos, acoso o agresiones por mostrar públicamente quiénes son.
La verdadera igualdad no consiste en ignorar las diferencias, sino en garantizar que nadie sea discriminado por ellas. Mientras sigan registrándose agresiones homófobas y transfóbicas, mientras haya personas que teman mostrar su orientación sexual o identidad de género y mientras existan quienes pretendan devolver al armario a quienes tanto lucharon por salir de él, el Día del Orgullo seguirá siendo necesario.
Porque los derechos conquistados no son irreversibles. Porque la libertad nunca está completamente asegurada. Y porque una democracia madura no se mide por cómo trata a las mayorías, sino por cómo protege a quienes históricamente han sido discriminados.