Un control de tráfico ordinario en la provincia de Almería ha destapado una alarmante imprudencia vial. Los agentes de la guardia civil han abierto una investigación a un menor de edad que fue interceptado mientras conducía un vehículo sin disponer de ningún tipo de licencia, una temeridad en la que estaba acompañado por su propia madre en el asiento del copiloto.
Los hechos se desencadenaron a finales del pasado mes de mayo, alrededor de las ocho de la tarde, en pleno levante almeriense. Las autoridades dieron el alto al automóvil en la carretera AL-5107, una vía costera que conecta las localidades de Mojácar y Carboneras.
Al proceder a la identificación de la persona que se encontraba a los mandos, los efectivos adscritos al Subsector de Tráfico comprobaron con sorpresa que se trataba de un adolescente. En el interior del habitáculo también viajaban la madre del joven y otro miembro de la familia, quienes presuntamente consentían la conducción irregular. El caso ha quedado judicializado en el partido de Vera.
Al tratarse de un infractor menor de edad, el procedimiento penal seguirá las directrices marcadas por la legislación específica de responsabilidad penal del menor. A nivel jurídico, este tipo de conductas encaja en los delitos contra la seguridad vial recogidos en el Código Penal. El chico podría enfrentarse ahora a la imposición de tareas socioeducativas, la obligatoriedad de seguir programas específicos de educación vial, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad, como colaborar con asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, o una amonestación formal.
La peor parte en el ámbito penal podría recaer sobre la madre, a la que se investiga bajo la figura jurídica de cooperadora necesaria por permitir y facilitar que su hijo manejara el vehículo. La legislación contempla para este supuesto castigos que oscilan entre penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas de doce a veinticuatro meses o la realización de trabajos comunitarios de entre treinta y uno y noventa días.
Desde el cuerpo policial recuerdan que ponerse al volante sin la capacitación legal obligatoria o permitir que otros lo hagan a sabiendas de que no cumplen los requisitos no es una simple falta administrativa. Se trata de un delito grave que pone en riesgo directo la vida de los ocupantes y del resto de usuarios de la carretera, un espacio donde cualquier fallo puede resultar fatal y para el que se exige una formación que garantice el regreso seguro de todos a casa.