Hoteles en distintos puntos de la provincia de Almería vienen alojando a personas extranjeras desde hace algunos años, y aunque son personas llegadas en patera, su diferencia respecto a otros es que provienen de países cuya situación excepcional les permite solicitar algún tipo de protección internacinal, y residen allí mientras sus casos son estudiados. Otros, unicamente son atendidos por cuestiones humanitarias. Es importante conocer esta diferencia para entender los dos tipos de acogida relativos a la gestión de los flujos migratorios irregulares, la cooperación activa con los países de origen y tránsito, el control fronterizo y el resguardo fiscal continúan configurándose como líneas de actuación prioritarias para las autoridades competentes ante un desafío de clara naturaleza transnacional.
El reciente informe sobre la seguridad del Estado relativo al año 2025 desvela un escenario de alta presión asistencial en la provincia de Almería, un enclave geográfico que soporta de forma directa el impacto de la inmigración por vía marítima.
Este fenómeno, caracterizado por la extrema precariedad de las embarcaciones utilizadas, representa un serio peligro para la vida humana en el mar y obliga de manera recurrente a desplegar un gran esfuerzo de salvamento y rescate ante la llegada de cada patera, activando de forma inmediata la subsiguiente atención sanitaria y ayuda humanitaria en los puertos almerienses, especialmente enfocada en los perfiles más vulnerables. Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la red de recursos dispuesta en la provincia de Almería se sitúa muy cerca de agotar su margen operativo, registrando un porcentaje de ocupación global que alcanza el noventa por ciento de su capacidad total.
Al analizar de manera pormenorizada las cifras de la provincia de Almería, se observa que el sistema distingue nítidamente entre aquellas personas que formalizan una solicitud de protección internacional y asilo y aquellas que, al no tramitarla, reciben cobertura en el marco del programa de atención humanitaria urgente. En lo que respecta a la atención humanitaria, concebida para la primera asistencia temporal, la provincia de Almería cuenta con una capacidad oficial de 980 plazas, de las cuales 853 se encontraban plenamente ocupadas durante el periodo de estudio. Por su parte, la red destinada a la protección internacional y el asilo en la provincia de Almería dispone de un límite fijado en 559 plazas, anotando una ocupación efectiva de 532 personas que carecen de medios económicos para garantizar su integración básica conforme a las normativas vigentes en el Estado español y en Europa. De este modo, la infraestructura conjunta en la provincia de Almería arroja una capacidad total de 1.539 plazas frente a un volumen de 1.385 ciudadanos albergados, lo que restringe el margen de maniobra a solo 154 plazas disponibles para afrontar nuevas llegadas en un contexto donde las redes organizadas buscan el lucro económico ilícito a costa de las personas desfavorecidas.
Este elevado índice de ocupación en la provincia de Almería adquiere una perspectiva singular al compararse con la realidad de otros puntos del territorio andaluz, donde los desequilibrios entre los recursos declarados y las necesidades reales de acogida han provocado situaciones de saturación absoluta. El escenario más crítico se localiza en Córdoba, donde la red asistencial se encuentra completamente desbordada al registrar una ocupación total de 922 personas frente a una capacidad oficial máxima de 764 plazas. Este rebasamiento cordobés se sustenta en una ocupación de 206 personas sobre 314 plazas en atención humanitaria y de 558 personas sobre un cupo de 608 en protección internacional. Una situación análoga de superación de límites físicos se experimenta en la provincia de Huelva, cuyos registros oficiales constatan una capacidad total de 503 plazas asistenciales frente a una ocupación real de 602 personas. En el desglose del territorio onubense, los recursos para atención humanitaria reflejan una capacidad de 236 plazas con 167 ocupadas, mientras que el bloque de protección internacional cuenta con 366 plazas teóricas y una ocupación efectiva de 336 personas.
Por el contrario, otros territorios del entorno andaluz muestran unos márgenes de absorción que alivian parcialmente la presión general, aunque manteniendo volúmenes cuantitativamente elevados en comparación con la provincia de Almería. En la provincia de Cádiz, la capacidad global del sistema se establece en 2.418 plazas, situando su ocupación real en 1.828 personas, un balance condicionado por la saturación en el ámbito específico de la protección internacional, donde la ocupación llega a las 1.514 personas superando la capacidad asignada de 1.202 plazas, mientras que su atención humanitaria registra 626 plazas ocupadas de las 904 disponibles. Por su parte, Sevilla encabeza el volumen de infraestructuras en la comunidad con una capacidad total instalada de 2.957 plazas y una ocupación de 2.517 personas, concentrando la mayor parte de su actividad en la protección internacional con 2.286 plazas ocupadas sobre un límite teórico de 2.020. En Málaga, la red asistencial dispone de un tope total de 2.578 plazas y registra 2.140 personas alojadas, repitiendo el patrón de sobreocupación en protección internacional al albergar a 1.801 personas frente a las 1.493 plazas de capacidad ordinaria. Finalmente, Granada presenta un equilibrio proporcional similar al almeriense, con una capacidad global de 1.171 plazas y una ocupación de 998 personas, distribuidas entre las 450 plazas ocupadas de las 580 de atención humanitaria y las 548 de protección internacional sobre un total de 591 plazas. Jaén, con la estructura más acotada del territorio, no registra plazas en atención humanitaria, pero mantiene ocupadas 227 de sus 252 plazas totales destinadas a protección internacional.
Almería enfrenta una alta ocupación en sus recursos de acogida para migrantes, comparada con otras provincias andaluzas.
Las autoridades insisten en que el análisis de los riesgos aparejados y la potencial incidencia de los grupos criminales que operan en este ámbito resultan fundamentales para la seguridad global del Estado español. El informe advierte sobre la posibilidad de instrumentalización de estos flujos irregulares por parte de amenazas exteriores de gran entidad, procedentes tanto de terceros Estados como de actores no estatales vinculados al terrorismo yihadista o al crimen organizado, quienes buscan aprovechar los fenómenos transnacionales derivados de conflictos o desastres armados para sus fines ilícitos. Ante este panorama, el marco de actuación coordinado entre las directrices del Estado y los recursos de la Junta de Andalucía se enfoca en mantener una monitorización constante sobre la provincia de Almería para asegurar la sostenibilidad del modelo frente a futuras fluctuaciones en las rutas migratorias.
