El Consejo de Transparencia de Andalucía ha emitido un severo dictamen contra la gestión del equipo de gobierno en Almería, censurando su negativa a compartir con la oposición la documentación relativa a la futura organización de la red de autobuses de la ciudad. El órgano fiscalizador autónomo invalida de este modo la postura municipal y da el amparo a los representantes de la oposición que habían denunciado este bloqueo informativo.
La controversia se originó cuando los concejales del PSOE solicitaron formalmente la propuesta técnica estructurada para renovar las líneas de transporte colectivo. La respuesta del consistorio, liderado por el PP, consistió en denegar la entrega del informe bajo el pretexto de que un técnico de la administración todavía se encontraba evaluando el texto. No obstante, la resolución de la Junta de Andalucía a través de su oficina de transparencia determina que este argumento carece de base jurídica, puesto que se trata de un documento definitivo en su fase preliminar y no de un borrador inacabado.
Desde las filas socialistas, la edil Carmen Aguilar ha criticado con dureza la posición de los populares. Aguilar manifestó que las conclusiones del órgano autonómico dejan al descubierto las maniobras de los dirigentes municipales para tapar datos esenciales tanto a los grupos fiscalizadores como al conjunto de los vecinos, añadiendo que los gobernantes locales parecen más enfocados en camuflar sus actuaciones que en ejercer sus responsabilidades públicas de forma nítida para el beneficio de la comunidad.
La resolución institucional enfatiza que la fiscalización por parte de un funcionario no puede transformarse en una especie de salvoconducto para decretar arbitrariamente cuándo se comparte un informe público, ya que eso vaciaría de contenido las facultades de control democrático que corresponden a los representantes ciudadanos.
Este episodio se suma a otros antecedentes recientes en la capital andaluza. Según sostienen desde el grupo socialista, hace solo unos meses el mismo organismo de control tuvo que forzar a la corporación local a liberar la Relación de Puestos de Trabajo del personal del ayuntamiento, un documento esencial para conocer la organización interna que los populares también intentaron mantener bajo llave.
La oposición lamenta que esta forma de actuar dilate de manera sistemática los plazos de entrega, llegando a retrasarse hasta doce meses desde el momento del requerimiento inicial, lo que en la práctica desactiva la capacidad de reaccionar y debatir los proyectos cuando están de actualidad. Carmen Aguilar concluyó advirtiendo que persistirán en el uso de los cauces normativos para asegurar que la institución cumpla con las leyes de acceso a la información, recordando que actuar de cara al ciudadano es un deber ineludible y no una facultad voluntaria.