La polémica compra de material sanitario durante la pandemia vuelve a agitar el tablero político de la provincia de Almería y salta de lleno a la esfera parlamentaria andaluza. El secretario de Organización de las filas socialistas almerienses y diputado en la cámara autonómica, José Nicolás Ayala, ha lanzado un órdago a Vox para que aclare si convertirá en línea roja la apertura de un proceso de fiscalización en el hospital de las cinco llagas sobre el denominado caso Mascarillas, centrado en el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones ilegales en el seno de la Diputación de Almería.
El representante socialista confía en que los grupos parlamentarios den luz verde con celeridad a la creación de este órgano de control institucional que han promovido desde su partido. El fin último es depurar las posibles responsabilidades políticas que emanen de esta supuesta red de corrupción, un escenario donde, según Ayala, la tercera fuerza parlamentaria deberá retratarse y decidir si suma esta fiscalización a las negociaciones para facilitar la investidura de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía.
En la misma línea presionante, el parlamentario andaluz ha sugerido que se incorpore a las exigencias de pacto la destitución inmediata de José Juan Martínez, actual responsable del área de Captación de Fondos Europeos en la corporación supramunicipal y regidor del ayuntamiento de Tíjola, dada su condición de investigado en el procedimiento judicial. Para el bloque de la oposición, la sociedad almeriense tiene el derecho legítimo de conocer los entresijos de una causa que golpea de lleno la gestión de los populares en el ente provincial.
El proceso en los juzgados ha tomado una velocidad determinante tras finalizar una intensa ronda de citaciones ante el magistrado encargado del caso. Por las dependencias judiciales han desfilado a lo largo de las últimas semanas más de cuarenta personas en calidad de investigadas, un listado en el que figuran nombres de peso en la escena pública provincial como el anterior mandatario de la institución de gobierno almeriense, dos de sus antiguos vicepresidentes, el exalcalde de Fines, el actual número dos del consistorio de Olula del Río, Juan Sánchez Urán, y el citado diputado de Tíjola. Aunque una amplia mayoría de los comparecientes optó por acogerse a las garantías constitucionales para no testificar, los indicios y los testimonios recabados empiezan a perfilar las dinámicas internas de la supuesta trama.
Desde el plano político, el PSOE ha reprochado con dureza la estrategia de mutismo adoptada tanto por la cúpula del PP como por el propio gobierno de la Diputación de Almería. A juicio de la formación, no es de recibo que las instituciones sigan parapetadas tras una política evasiva mientras el sumario judicial sigue sumando folios, diligencias y nombres vinculados a la gestión de los recursos públicos de los ciudadanos.