La delegación en Almería de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha los mecanismos legales para autorizar el uso transitorio de una parcela rústica en el municipio de Lubrín. El objetivo de esta medida es permitir que la filial de la multinacional Cosentino acceda a los terrenos para llevar a cabo sondeos mecánicos, análisis geofísicos y recogida de muestras, en el marco de un proyecto de exploración enfocado en la localización de reservas de mármol y piedra caliza.
La resolución, que ha sido publicada de manera oficial en el Boletín Oficial del Estado, convoca formalmente el levantamiento de las actas previas para la ocupación de los bienes afectados por el permiso de investigación denominado 'Rocío'. Esta autorización minera fue otorgada inicialmente por la administración autonómica a principios de 2026, concediendo a la firma empresarial un plazo de 23 meses para evaluar el potencial de los recursos distribuidos en un espacio equivalente a dos cuadrículas mineras.
El espacio afectado por los trabajos roza los 54.000 metros cuadrados de superficie, un terreno que está catalogado principalmente como suelo de pastos y parcelas improductivas. Ante la imposibilidad de conseguir una autorización directa, el expediente se ha tramitado mediante la vía de la expropiación forzosa bajo la modalidad de ocupación temporal con carácter de urgencia. En este entorno es donde se concentrarán diversas labores técnicas que contemplan la elaboración de cartografías específicas, una campaña de once perforaciones, estudios del subsuelo y la evaluación industrial de materiales que se encuentran abandonados en el lugar.
La intervención de la administración responde a la situación comunicada por la propia compañía minera, que constató la imposibilidad de contactar con la persona titular de la finca para abrir una negociación o alcanzar un acuerdo de acceso de mutuo acuerdo. La empresa detalló que realizó múltiples rastreos internos, consultas de expedientes históricos de la zona y revisiones del historial administrativo sin éxito. Ante este escenario, se solicitó el amparo de la legislación minera vigente para declarar la necesidad de ocupación, una situación que empezó a clarificarse después de que la delegación territorial obtuviera una certificación catastral con la descripción exacta y la identidad registrada del inmueble.