Cada vez que Felipe González habla, el PSOE contiene la respiración. No por lo que dice, sino por quién lo dice. Un expresidente no opina desde una tertulia: opina desde el peso de la historia. Y cuando ese peso se usa para exigir dimisiones sin pisar una urna, la democracia empieza a escuchar ecos que creía superados.
Qué extraño protagonismo el de Felipe González. Como militante, tiene todo el derecho a pedir la dimisión de su secretario general, Pedro Sánchez. Faltaría más. La crítica interna es oxígeno democrático.
Nadie con memoria puede negar su papel en la Transición, la OTAN, la UE y la modernización de España. Precisamente por ese capital político inmenso, su palabra se mide con un rasero distinto al de cualquier otro militante.
Quizá sea por eso que una parte del país sigue buscando en la voz de González un faro de certidumbre en mitad del oleaje actual. Para muchos de quienes vivieron la modernización de los ochenta, su palabra evoca un tiempo de consensos rotos hoy. No le piden análisis: le piden memoria. Y esa memoria, con sus luces y sus sombras, sigue teniendo crédito para una España que desconfía de sus nuevos dirigentes.
Lo que no tiene es derecho a confundir los planos. Una cosa es Ferraz y otra La Moncloa. Exigir la dimisión del presidente del Gobierno desde la tribuna de exjefe del Ejecutivo es saltarse la línea que separa al militante del hombre de Estado. Sánchez es presidente por la investidura del Congreso.
Un expresidente no pierde su libertad de expresión, pero adquiere una responsabilidad añadida. Sus palabras pesan en la historia de este país. Por eso, reclamar la dimisión de un gobierno legítimo exige coherencia con su propia hemeroteca. Que nadie se confunda: no se pide silencio a González. Se pide coherencia. Pedir la cabeza del presidente no es una opinión más cuando la hace quien ocupó ese despacho durante catorce años.
Si reclama coherencia moral, tiene hemeroteca para empezar. En 1998 acudió a la cárcel de Guadalajara para abrazar a José Barrionuevo, condenado por el secuestro de Segundo Marey. Fue el Caso GAL, un caso de terrorismo de Estado y fondos reservados. Un atentado a los valores de un gobierno democrático. Aquel abrazo quedó en la memoria como un gesto de lealtad personal frente a una condena que golpeó el corazón mismo del Estado.
No se trata de equiparar casos judiciales. El GAL fue terrorismo de Estado; el caso Koldo destapó mordidas. Se comparan gestos políticos. La foto que un expresidente elige hacerse ante la Justicia es un mensaje institucional. Y los mensajes de un expresidente nunca son inocentes.
Pedro Sánchez no ha pisado ninguna prisión ni buscado una foto junto a José Luis Ábalos, exministro condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y 3 meses de prisión en la trama de las mascarillas por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Lo expulsó del partido, lo apartó del grupo y dejó actuar a la justicia sin amparo público. Entre un abrazo en 1998 y esta distancia hay una forma distinta de entender la política y la responsabilidad ante la ley.
Tampoco ayuda a esa autoridad moral que, tras abandonar La Moncloa, ocupara un sillón en el consejo de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, con 126.500 euros anuales hasta 2015. Todo legal. Pero la ejemplaridad política rara vez se agota en la legalidad.
La influencia de un expresidente no se mide en votos ni en escaños. Se mide en la capacidad de marcar el debate público desde la autoridad acumulada durante años de gobierno. Por eso, cuando reclama ejemplaridad a otros, resulta inevitable contrastar sus palabras con su propia trayectoria. Un expresidente tiene un capital inmenso: la palabra.
Por eso debe medirla más que nadie y rendir respuestas que nunca llegaron. No asumió responsabilidades políticas por los GAL más allá de decir que se enteró por la prensa. Tampoco ha hecho una reflexión pública de fondo sobre decisiones que contribuyeron a erosionar la confianza de muchos ciudadanos en sus dirigentes. Y hoy reclama una ejemplaridad que su etapa no siempre practicó. Son hechos, no preguntas. En democracia, los hechos pesan más que los abrazos.
La democracia española no necesita tutores. Necesita memoria. Y la memoria exige coherencia. Si no, lo que queda es ruido. Y de ruido, en España, vamos sobrados. Porque cuando Felipe González habla, no habla solo un militante socialista. Habla un expresidente del Gobierno. Y precisamente por eso importa lo que dice. Y pesa más lo que calló.