El derecho al voto se ha convertido, por obra y gracia de la ingeniería legislativa, en un bien de exportación tan transnacional como el tomate, pero con una diferencia sustancial: el tomate que sale de la provincia de Almería requiere esfuerzo, agua que no tenemos y tierra que pisamos todos los días. El voto transoceánico, en cambio, solo exige un árbol genealógico convenientemente estirado.
La denominada "Ley de Nietos" —formalmente integrada en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez— ha abierto un grifo demográfico de proporciones bíblicas, otorgando la nacionalidad, y por ende el derecho al sufragio, a un universo potencial de casi dos millones y medio de personas repartidas por el globo. Una generosidad administrativa que contrasta vivamente con las penurias burocráticas que sufre cualquier hijo de vecino para renovar el DNI o sacarse el pasaporte.
El fenómeno adquiere tintes de auténtico esperpento cuando analizamos la traslación de estos censos de ultramar a las realidades locales. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) no para de engordar, y la provincia de Almería ya supera holgadamente los 50.000 electores inscritos en el extranjero. Es fascinante comprobar cómo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, mientras el votante residente en la provincia otorgaba una victoria inapelable al Partido Popular de Juan Manuel Moreno, dejando un reparto donde los populares obtenían 6 parlamentarios frente a los 3 de VOX y los 3 del Partido Socialista, el voto exterior se empeñaba en enmendar la plana local. En el escrutinio de las papeletas que cruzaron el Atlántico, las dinámicas se invierten con una alegría pasmosa, otorgando victorias morales o vuelcos al Partido Socialista que harían palidecer de envidia a cualquier estratega de campaña en la capital almeriense.
Resulta una pirueta lógica digna de aplauso que un ciudadano residente en Buenos Aires o en París, que jamás ha esperado el eterno y mitológico Corredor Mediterráneo ni ha sufrido los retrasos crónicos de las conexiones ferroviarias con Granada, tenga exactamente el mismo peso electoral para decidir el futuro de la movilidad del Estado que quien se desplaza diariamente a trabajar a los invernaderos de El Ejido o Roquetas de Mar. Es legítimo preguntarse qué interés real, más allá del puramente romántico o burocrático, puede tener en el modelo sanitario andaluz o en los impuestos locales alguien que ni cotiza aquí, ni usa la sanidad pública, ni va a pisar esta tierra en su vida. Es como si mis nietos -cuando los tenga- residiesen en Los Ángeles, y pudiesen votar en las municipales de Granada porque yo -su abuelo- nací allí, aunque lleve casi toda mi vida en Almería, y su padre -mi hijo- igual reside en Escandiniavia, de donde sus vástagos emigraron a Estados Unidos.
Si un ciudadano de la provincia decidiera votar en las elecciones municipales del pueblo de origen de su abuelo solo por una cuestión de herencia melancólica, se le miraría con comprensible suspicacia. Sin embargo, a escala estatal, esta desconexión se eleva a la categoría de derecho fundamental inalienable.
La paradoja es lacerante cuando se compara este regalo masivo de derechos con la situación de los miles de inmigrantes que residen de forma efectiva en los barrios de la provincia de Almería. Hablamos de personas que viven, consumen, pagan el IVA, sufren las deficiencias de habitabilidad de sus calles y levantan la economía provincial día a día, pero para quienes conseguir el derecho al voto en unas elecciones autonómicas o estatales es una gincana kafkiana que a menudo se prolonga durante décadas. Ellos, que sienten y padecen la gestión de los recursos públicos de forma directa, permanecen mudos en las urnas; mientras tanto, un nieto de exiliado de tercera generación —cuya vinculación con el Estado español se reduce a saber situar Madrid en un mapa y ni siquiera celebra los goles de la selección de ésta Selección, sino la de donde nació y vive— recibe la papeleta cómodamente en su buzón extranjero sin haberla solicitado siquiera.
La democracia se fundamenta en la responsabilidad compartida y en asumir las consecuencias de lo que se vota. Desvincular el derecho a decidir del territorio donde se sufren o se disfrutan esas decisiones no es justicia histórica; es, simplemente, desvirtuar el sentido más elemental de la soberanía. El exilio fue una tragedia que afectó a quienes la vivieron en sus carnes y a ellos correspondía toda reparación. Convertir esa deuda en un privilegio hereditario perpetuo para ciudadanos de otros Estados es un experimento de ingeniería electoral que pagamos, en el sentido más literal del término, quienes seguimos aquí, al pie del cañón y sufriendo el calor.