Una nueva intervención municipal en la localidad de El Ejido se ha saldado con el desmantelamiento y derribo de un conjunto de asentamientos infraviviendarios en la zona de San Agustín. La actuación ha sido defendida por el regidor municipal de la localidad ejidense, Francisco Góngora, quien ha enmarcado este plan de demoliciones en una estrategia continua para salvaguardar el orden público y la estética del entorno urbano.
El máximo responsable del consistorio ejidense ha manifestado que este tipo de medidas son clave para contener la proliferación de núcleos chabolistas, fenómeno que califica como un efecto derivado directo de los flujos migratorios clandestinos. El dirigente municipal ha asegurado que la corporación local, en estrecha colaboración con la jefatura de la policía del municipio, mantendrá una postura de tolerancia cero frente a las ocupaciones de terreno no reguladas, señalando que estos núcleos propician entornos degradados, focos insalubres y alteran la tranquilidad vecinal.
El primer edil ha defendido la implantación rigurosa de una gestión migratoria fundamentada en la legalidad y la planificación previa. En este sentido, ha remarcado la conveniencia de articular un sistema que atienda estrictamente a los límites de recepción del territorio, priorizando las contrataciones reguladas en los puntos de partida de los trabajadores, la predisposición a la inserción sociolaboral y la adaptación a las normativas de convivencia vigentes para evitar escenarios de exclusión.
Góngora ha aprovechado la ocasión para trasladar una petición formal a las autoridades estatales con el fin de activar de manera contundente las directrices recogidas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Entre sus reclamaciones principales destaca la necesidad de blindar la vigilancia de los perímetros fronterizos y agilizar de forma efectiva la expulsión de aquellos ciudadanos en situación administrativa irregular, haciendo especial hincapié en quienes posean antecedentes penales o acumulen arrestos sucesivos, junto al desmantelamiento de las redes de tráfico de personas.
El balance global de este tipo de operaciones en el término municipal arroja una cifra superior a las dos mil estructuras precarias destruidas en colaboración con las fuerzas policiales locales en los últimos quince años, un dato que para el ejecutivo local evidencia la constancia en el cumplimiento estricto del marco normativo general.