Hay que reconocerle a la alta política una capacidad asombrosa para ordenar las prioridades del ser humano con precisión de cirujano. En Andalucía se acaba de sellar el pacto de investidura entre el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla y la formación Vox. Un acuerdo de 150 puntos que, entre rebajas fiscales y el reparto de áreas de gobierno con una vicepresidencia incluida, deja meridianamente claro qué es lo urgente y qué es lo prescindible para quienes manejan el presupuesto del Estado. La conclusión para cualquier habitante de la provincia de Almería es tan poética como brutal: si usted pasa necesidad, siempre puede intentar alimentarse del arte de una buena verónica; porque lo que es un plato de comida caliente, va a estar más cotizado que un indulto en una plaza de primera.
El documento estratégico escupe una retórica cargada de conceptos como la "prioridad nacional" y promete la supresión total de subvenciones a aquellas organizaciones no gubernamentales que, según su peculiar atlas ideológico, actúan como "cooperadores necesarios" de las mafias de la inmigración irregular. Bajo este paraguas de sospecha caen, sin disimulo, instituciones del calado de Cáritas o la Cruz Roja. Estas entidades, cuyo único pecado capital es el de no exigir el pasaporte ni el árbol genealógico antes de servir un caldo o repartir mantas, se enfrentan ahora al estrangulamiento de sus recursos públicos. No importa si quien acude a sus puertas llegó ayer en patera a las playas almerienses o es un vecino de toda la vida golpeado por el desempleo; para la nueva alianza de gobierno, la solidaridad sin filtros es sospechosa de traición. Da igual que hablemos de una ONG de izquierdas, de una neutral o de la mismísima obra social de una cofradía; si ayuda al vulnerable sin pedir los papeles, se queda fuera del reparto. Incluso la Iglesia católica, ha tenido que salir a la palestra para recordar que la caridad no entiende de fronteras ni de burocracia, provocando un incómodo cortocircuito en los sectores más tradicionales que ahora aplauden este cerrojazo.
Mientras se le enseña la puerta de salida financiera a quienes sostienen la red de asistencia social más básica, la ventanilla de la tauromaquia permanece abierta de par en par y con la billetera rebosante. El sector del toro, ese que la administración andaluza financia alegremente bajo el pretexto de defender la identidad cultural pese al escasísimo interés que genera, seguirá recibiendo generosas inyecciones de dinero público de quienes defienden precisamente que quien quiera cultura, que se la pague.
Ya veníamos de años donde la Fundación Toro de Lidia o las escuelas taurinas andaluzas se repartían cientos de miles de euros de la Consejería de la Presidencia, pero el nuevo pacto blinda y eleva esta apuesta por el capote y la espada... por la caspa, básicamente. Para el Partido Popular y Vox, parece mucho más prioritario subvencionar el paseíllo de un diestro que asegurar que una familia en exclusión social tenga cubiertas sus necesidades mínimas. En este nuevo orden de cosas, el bienestar del astado en el ruedo merece un mimo presupuestario ciego, mientras que el desamparo de una persona sin papeles merece el vacío administrativo absoluto.
La aritmética del poder manda y los sillones pesan más que los principios humanitarios más elementales. Los ciudadanos de la provincia de Almería, testigos directos de una realidad social y migratoria compleja que jamás se ha solucionado a base de golpes de pecho ni de capotazos al aire, asisten ahora a un ejercicio de cinismo institucional facturado en Sevilla. Un escenario donde la empatía del Estado se mide por el estatus administrativo del hambriento, y donde los recursos públicos se desvían de los comedores sociales a los picadores. El mensaje enviado a toda Andalucía es nítido, libre de ambigüedades y cruelmente sincero: en la escala de valores del nuevo Gobierno andaluz, los toros están, por derecho y por decreto, antes que las personas.