El complejo entramado jurídico que rodea al hotel de El Algarrobico en la provincia de Almería ha dado un vuelco decisivo. En una sesión plenaria de carácter extraordinario, el consistorio de Carboneras ha aprobado la revisión de oficio que deja sin efecto la licencia de obras concedida en el año 2003 a la empresa promotora Azata del Sol. Esta histórica resolución anula formalmente los permisos municipales de edificación en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, abriendo de par en par la vía para el futuro desmantelamiento de la estructura.
La medida salió adelante en un segundo intento gracias al respaldo de una mayoría absoluta de ocho concejales, conformada por el alcalde Salvador Hernández, los representantes del PP, un edil independiente y dos miembros expedientados del PSOE. Sin embargo, la sesión estuvo envuelta en una profunda división política que provocó que cuatro concejales de la oposición decidieran abandonar el salón de plenos antes de la votación. Entre los ausentes destacaron el portavoz socialista José Luis Amérigo y el concejal no adscrito Felipe Cayuela, quienes pretendían dilatar el acuerdo exigiendo nuevos informes técnicos sobre las consecuencias económicas de la demolición.
Durante el debate, el regidor local se mostró visiblemente conmovido y defendió la total sumisión del municipio ante los dictámenes de la justicia, rechazando cualquier acusación de obstruccionismo. Hernández trasladó un mensaje de calma a los habitantes de la localidad frente a posibles reclamaciones patrimoniales y exigió la colaboración directa tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía para resolver un conflicto heredado que castiga al municipio desde hace más de dos décadas. Asimismo, justificó la premura de la decisión argumentando que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía era tajante y que postergarla de forma indefinida con nuevos trámites administrativos habría sido una irresponsabilidad.
Por su parte, el sector de la oposición que abandonó el pleno censuró la validez del procedimiento al considerar que el expediente nació incompleto por ignorar las peticiones previas de auditoría financiera aprobadas semanas atrás. Los portavoces críticos acusaron al alcalde de actuar al margen de la diligencia debida y de poner en peligro la estabilidad económica del municipio. Frente a estos reproches, el actual equipo de gobierno recordó que la edificación original fue promovida bajo mandatos socialistas del pasado y afeó la falta de respuestas del Ejecutivo central tras las promesas de expropiación y derribo escenificadas el año pasado en la misma playa por la dirección del partido en la comunidad.