En los últimos tiempos, desde el kilómetro cero del Estado se ha instalado la curiosa costumbre de legislar a golpe de ocurrencia esotérica. La última genialidad conceptual nos llega por cortesía de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con el entusiasta eco de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. La propuesta consiste, nada más y nada menos, que en otorgar derechos económicos y sociales de pleno derecho a los nasciturus —es decir, a los no nacidos— computándolos como miembros de la unidad familiar a efectos de ayudas públicas, como si el feto ya estuviera correteando por el salón.
Alguien tendría que avisar en la sede de Génova que el concepto de nasciturus no es un invento reciente del departamento de marketing de su partido. El principio conceptus pro iam nato habetur (el concebido se tiene por nacido para todo lo que le sea favorable) proviene del mismísimo Derecho Romano. Es una noción jurídica bimilenaria que el propio ordenamiento jurídico español recoge de forma nítida en el Artículo 29 del Código Civil. No solo eso: el amparo y la protección de las expectativas de derecho del no nacido están firmemente asentados en la tradición de la cultura islámica, del judaísmo y del cristianismo. Las principales civilizaciones de la historia ya lo tenían perfectamente regulado mucho antes de que la factoría de titulares madrileña decidiera empaquetarlo como mercancía electoral de vanguardia.
Pero entremos en la logística de la ocurrencia. La propuesta pretende equiparar al no nacido con el nacido para la concesión de ayudas sociales inmediatas. Imaginemos el cuadro práctico: una familia con dos hijos nacidos y un embarazo en curso frente a otra familia con tres hijos ya nacidos y escolarizados. Según la lógica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el feto del primer caso otorgaría un derecho prioritario para la obtención de pañales, leche en polvo o una plaza de guardería. ¿Exactamente para qué necesita pañales o leche de fórmula un embrión de doce semanas? ¿Se guardarán en el armario acumulando polvo mientras los niños de la otra familia, que ya comen, gastan y calzan, se quedan fuera de las ayudas porque sus padres decidieron no tener más descendencia al comprobar que su capacidad económica real no se lo permitía?
El populismo suele tener el vuelo corto, pero la burocracia que genera es potencialmente infinita y, en este caso, de una insensibilidad asombrosa. Si un no nacido puntúa igual que un hijo real para baremos de vivienda o ayudas directas, surgen preguntas de puro sentido común administrativo: ¿desde qué semana exacta de gestación empieza a ingresar la familia ese complemento estatal? Ojo, la pregunta no es ninguna tontería, porque dependiendo de la respuesta se podrá determinar el momento exacto hasta el que la presidenta madrileña considera posible el aborto libre. Es curioso... una medida supuestamente pro-vida acaba sirviendo de argumento a los pro-aborto... es lo que tiene la ignorancia y el populismo condensado en una misma sujeta.
Y, sobre todo, entremos en el terreno incómodo que la propaganda prefiere esquivar: la biología no atiende a decretos. Desgraciadamente, existen los abortos espontáneos y los partos que se malogran. Si un embarazo de siete meses no llega a término, ¿qué procedimiento contempla el Estado? ¿Deberá la madre acudir a las oficinas de la Seguridad Social a devolver las cuantías cobradas por el hijo que no llegó a nacer? ¿Se abrirá un expediente por cobro indebido a una mujer que acaba de sufrir un duelo gestacional? La falta de pudor a la hora de lanzar proclamas es inversamente proporcional al conocimiento de la gestión pública.
Mantener un embarazo, con el evidente respeto y cuidado que merece, no genera de forma inmediata otra boca física que alimentar ni un gasto corriente en libros de texto. Tampoco obliga de entrada a la mujer a abandonar su empleo, puesto que las trabajadoras embarazadas continúan con su actividad laboral con total normalidad. Las necesidades materiales reales y los gastos asfixiantes irrumpen cuando el bebé llega efectivamente al mundo. En un Estado llamado España, donde las ayudas a la conciliación y el apoyo a la natalidad real son irrisorias en comparación con la media europea, resulta llamativo que se prefiera lanzar fuegos artificiales con derechos fantasma en lugar de garantizar una red pública sólida para la infancia. Al final, la pirueta de Isabel Díaz Ayuso no busca proteger la vida, sino el titular. Mirado desde el pragmatismo y el rigor, todo este entramado no pasa de ser un brindis al sol tan populista como indocumentado.