La Comisión Europea ha anunciado que tomará medidas contra España, elevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitando una sanción económica. Esta acción se debe al incumplimiento por parte del país de las normas comunitarias destinadas a fortalecer la ciberseguridad en sectores críticos, una obligación que los Estados miembros debían haber implementado en su legislación antes de octubre de 2024.
La Directiva SRI 2, que se centra en la seguridad de las redes y sistemas de información, establece requisitos rigurosos para entidades que operan en dieciocho sectores esenciales, incluyendo salud, energía, transporte y administración pública. Según Bruselas, la correcta aplicación de esta normativa es crucial para aumentar la resiliencia de la Unión Europea y mejorar los mecanismos de respuesta ante incidentes en estos ámbitos.
No solo España está en la mira; Francia, Irlanda y Países Bajos también han fallado en notificar a tiempo la transposición de esta normativa. A pesar de los múltiples recordatorios emitidos por la Comisión Europea, estos países se encuentran ahora bajo el mismo riesgo de ser llevados ante el TJUE por incumplimiento.
El proceso se inició en noviembre de 2024, cuando Bruselas envió cartas a las autoridades nacionales señalando las irregularidades y otorgando un plazo inicial de dos meses para corregirlas. Sin embargo, tras esperar hasta mayo de 2025 para avanzar con un dictamen motivado que buscaba facilitar el diálogo con los países infractores, la falta de progreso más de un año después ha llevado a Bruselas a optar por acciones legales.