El debate sobre las constantes interrupciones en el suministro eléctrico que sufren diversos barrios de Almería llegó este jueves al Pleno municipal, mediante una moción del grupo de Podemos-Izquierda Unida. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, reclamó una postura unida y alejada de intereses electorales para afrontar esta situación. La moción encaminada a exigir un servicio eléctrico digno y estable salió adelante con el único desmarque de Vox, que optó por la abstención alegando que no incidía demasiado en que la culpa la tenían la plantaciones ilegales de marihuana. Por otro lado, el equipo de gobierno del PP criticó con dureza la actitud del PSOE, reprochándoles el uso de argumentos oportunistas en un problema que golpea directamente a miles de ciudadanos y comercios locales.
Urdiales lamentó que los socialistas traten de utilizar los apagones como un arma arrojadiza contra la administración local, obviando de manera intencionada que las principales competencias regulatorias y de transporte energético recaen sobre el Ejecutivo central y entidades estatales como Red Eléctrica o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. “Los almerienses no necesitan discursos demagógicos ni debates estériles sobre competencias. Lo que necesitan son soluciones, inversiones y que todas las administraciones asuman las responsabilidades que les corresponden”, aseveró el edil durante su intervención en la cámara municipal.
Frente a las críticas de la oposición, el responsable de Energía recordó que el Ayuntamiento de Almería ha liderado las iniciativas para buscar soluciones desde el primer instante. En este sentido, detalló las gestiones de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien ha trasladado de forma directa el malestar vecinal a Endesa y ha coordinado mesas de trabajo junto a la Junta de Andalucía. Fruto de estos encuentros institucionales, la compañía eléctrica ya ha puesto en marcha un incremento de operarios y un plan de choque técnico para consolidar las redes locales.
Para complementar la propuesta inicial, el grupo del PP incorporó una enmienda dirigida a blindar la protección de los usuarios más vulnerables. El concejal inició que el Gobierno de España debe concretar compensaciones económicas reales para los afectados, prestando especial atención a las personas electrodependientes y a los pequeños empresarios que pierden ingresos por culpa de la inestabilidad de la red.
Otro de los factores clave analizados en la sesión fue el impacto directo que tienen los enganches delictivos vinculados al cultivo de droga. Según los datos de la policía nacional y la guardia civil, la proliferación de plantaciones clandestinas de marihuana provoca fortísimas sobrecargas en las instalaciones, perjudicando a los abonados que pagan puntualmente sus facturas. Por ello, el consistorio almeriense ha solicitado formalmente un incremento de agentes en las calles y un endurecimiento del Código Penal para castigar con mayor severidad estas prácticas ilícitas manejadas por mafias organizadas.
Para finalizar, Antonio Urdiales insistió en que el crecimiento industrial, logístico y residencial de Almería depende enteramente de que el Estado ejecute las inversiones de transporte energético pendientes. “El Ayuntamiento seguirá defendiendo los intereses de los almerienses con responsabilidad y lealtad institucional, exigiendo inversiones a las compañías eléctricas y reclamando al Gobierno de España que ejerza plenamente sus competencias en materia de regulación, supervisión, seguridad e infraestructuras estratégicas. Porque los ciudadanos no necesitan confrontación política; necesitan un suministro eléctrico fiable, seguridad y soluciones eficaces”, zanjó el concejal.