Se ha completado el baile de sillas en San Telmo y, cómo no, el bombo de la fortuna política ha querido que la provincia de Almería vuelva a salir bien posicionada en la foto de familia. El presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha diseñado un nuevo organigrama en el que este territorio mantiene su cuota de pantalla con dos representantes directos en el Consejo de Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco, que se mantiene al frente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y María del Carmen Castillo, que hace lo propio en la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
Sobre el papel, esto debería provocar un estallido de júbilo y orgullo local. Sin embargo, conviene rebajar el optimismo folclórico. Vincular de forma matemática la fuerza de una provincia al número de carteras que ocupan sus paisanos es un análisis de vuelo corto. La política real y el peso de un territorio no se definen por el número de cabezas almerienses sentadas alrededor de la mesa del consejo, sino por las políticas concretas que se desarrollan y se ejecutan. Sinceramente, el código postal de nacimiento de un consejero debería ser un dato irrelevante; lo verdaderamente crucial es que la totalidad del Gobierno andaluz actúe con la mirada puesta en las necesidades estructurales de la provincia.
El refranero político, siempre tan pragmático, nos recuerda que amor con amor se paga. Este indiscutible protagonismo que Juan Manuel Moreno Bonilla otorga a Almería no es una concesión ciega a la meritocracia territorial, sino el reconocimiento explícito a un bastión electoral incombustible. La provincia se ha convertido en el pulmón de votos del Partido Popular, ofreciendo unos resultados que se observan con atención desde el resto del Estado. Mantener a dos consejeros en San Telmo es la forma que tiene el presidente de agradecer la fidelidad de las urnas.
Pero el verdadero espectáculo de alta escuela de esta remodelación no ha estado en el reparto provincial, sino en la ingeniería aritmética de las vicepresidencias. Juan Manuel Moreno Bonilla se ha visto en la obligación de explicar la creación de un esquema con tres vicepresidencias, una maniobra de equilibrismo político digna de mención. Aunque el Ejecutivo presuma de tener una consejería menos en el cómputo global, la multiplicación de las vicepresidencias responde a una necesidad puramente táctica: diluir el peso de Vox en las instituciones.
El diseño de este nuevo escalafón gubernamental es tan sutil como estratégico, estructurado de la siguiente manera para diluir la presencia de la formación de Manuel Gavira:
Antonio Sanz, que ya acumula las competencias de Presidencia, Interior y Emergencias, asume la Vicepresidencia Primero por una estricta razón institucional: asegurar que, en ausencia del presidente, la máxima representación de la Comunidad Autónoma recaiga en el Partido Popular.
Manuel Gavira, representante de Vox, queda relegado a la Vicepresidencia Segunda, perdiendo la exclusividad del foco.
Carolina España, al frente de Economía y Hacienda, se corona como Vicepresidenta Tercera para terminar de armar el cordón de seguridad político.
El presidente podría haber resuelto la papeleta nombrando únicamente a Antonio Sanz como pieza clave, pero la necesidad de restarle oxígeno mediático e institucional a sus socios obligó a desplegar este sándwich tricolor. Queda por ver si este complejo andamiaje de equilibrios en Sevilla sirve para agilizar las infraestructuras y las demandas de la provincia de Almería, o si simplemente se queda en un costoso juego de tronos a la andaluza.