Las cuentas de la Universidad de Almería reflejan las graves dificultades de financiación que atraviesa la educación superior pública tanto en Almería como en el resto de la región. El cierre del ejercicio de 2025 ha destapado un agujero de 3,4 millones de euros en el campus almeriense, una situación crítica que se replica a gran escala en todo el sistema universitario andaluz, asfixiado por el encarecimiento de las plantillas y unas transferencias de la Junta de Andalucía que no cubren estas subidas obligatorias.
Este desequilibrio financiero no es un caso aislado. En su conjunto, las universidades públicas de la comunidad acumulan un saldo negativo que supera los 57 millones de euros. La Universidad de Málaga lidera este escenario de pérdidas con un desfase de 18,8 millones, seguida por la Universidad de Sevilla, que acaba de aprobar la liquidación de sus cuentas de 2025 con un balance negativo de 14,8 millones de euros. El resto de los campus andaluces tampoco esquivan los números rojos: Granada registra un saldo negativo de algo más de cinco millones de euros; Córdoba y Cádiz alcanzan los 4,4 millones de pérdidas cada una; la Universidad Pablo de Olavide presenta un déficit de 2,5 millones; Jaén sitúa su desfase en 2,3 millones; y finalmente Huelva cierra el ejercicio con un saldo negativo de 1,8 millones de euros.
El origen de este agujero económico generalizado se encuentra en la brecha abierta entre las normativas de ámbito estatal y el respaldo financiero autonómico. Las subidas salariales decretadas por el Gobierno central para el sector público incrementaron los gastos de personal de los campus en torno al siete por ciento, un esfuerzo económico que la Junta de Andalucía no ha compensado de forma proporcional en las transferencias destinadas a abonar las nóminas de las plantillas. A este encarecimiento de la mano de obra se suman el alza generalizada de los suministros básicos y las inversiones necesarias para mantener las infraestructuras de cada institución.
El debate sobre la validez de estos balances contables ha generado fuertes discrepancias internas en los rectorados. En el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, donde la liquidación presupuestaria salió adelante por 37 votos a favor frente a cinco en contra y una abstención, diversos representantes de la comunidad educativa mostraron su rechazo al entender que ratificar estas cuentas significaba validar la infrafinanciación por parte del Gobierno andaluz. Ante estas quejas, la rectora matizó que la votación no pretendía valorar la idoneidad del sistema de reparto autonómico ni mostrar conformidad con los recursos recibidos, sino certificar un documento técnico elaborado por auditores externos que plasma con total fidelidad la realidad económica del centro.
Para intentar corregir este desajuste de forma estructural, las universidades y la administración autonómica habían pactado realizar un análisis pormenorizado de los costes de personal para actualizar el modelo de reparto de fondos. Sin embargo, los cambios en el Ejecutivo andaluz han dejado paralizada esta medida de control. Ahora, corresponde al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, retomar este compromiso pendiente para dar estabilidad y viabilidad económica a las aulas andaluzas.