El Partido Popular (PP) ha decidido oponerse a la investigación sobre los posibles incumplimientos del contrato con FCC Medio Ambiente, lo que ha generado una gran preocupación entre los socialistas. Antonio Ruano Tapia, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha calificado esta actitud como “enorme gravedad política, administrativa y económica”.
Ruano criticó que el PP rechazara una propuesta del PSOE destinada a aclarar estos hechos, que él considera un escándalo significativo. En un pleno posterior, el PP no mostró interés en el asunto, argumentando que las actas de inspección “pertenecen a la empresa” y que el Ayuntamiento no tiene acceso a ellas. Para el edil socialista, esta justificación es “inadmisible”, ya que una administración pública tiene la responsabilidad de controlar los servicios contratados con fondos públicos.
“Es inaceptable que el Gobierno municipal se excuse en la propiedad de las actas para evitar investigar si se han pagado por servicios no realizados. Si el Ayuntamiento paga, debe tener la capacidad de supervisar. Si hay documentos que demuestran incumplimientos, el PP debería reclamarlos y actuar para proteger el dinero de los almerienses”, expresó Antonio Ruano.
La propuesta socialista señalaba una situación “anómala” en el contrato de limpieza de colegios. Durante una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones celebrada el 25 de mayo de 2026, un inspector del servicio reveló la existencia de actas e informes que evidencian incumplimientos reiterados por parte de la empresa adjudicataria en varios centros educativos, donde se han desembolsado importantes sumas de dinero público.
Lo “especialmente grave”, según Ruano, no es solo la posible falta de ejecución de servicios contractuales, sino que la empresa concesionaria haya seguido recibiendo pagos públicos sin que se hayan tomado medidas efectivas para corregir estos incumplimientos o aplicar penalidades contractuales. “Estamos hablando de facturas pagadas por trabajos no realizados o ejecutados deficientemente. Ante tal sospecha, el Ayuntamiento no puede ignorar la situación ni alegar falta de acceso a documentación”, advirtió.
La moción del PSOE solicitaba abrir un expediente inmediato para revisar y controlar la ejecución del contrato de limpieza municipal y remitir toda la documentación relacionada al Pleno y grupos municipales durante los últimos cinco años. También pedía aplicar penalizaciones por servicios no cumplidos y evaluar si estas irregularidades justificaban la resolución del contrato.
Además, se proponía crear una comisión informativa especial con acceso a toda la documentación relevante y depurar responsabilidades administrativas o políticas. Los acuerdos también debían ser comunicados a la empresa contratista y a los órganos competentes.
“Lo que solicitábamos era algo fundamental: transparencia y control sobre el uso del dinero público. Es esencial saber qué servicios no se han prestado y quiénes son responsables por esta situación”, concluyó Antonio Ruano.
El concejal enfatizó que el Ayuntamiento tiene tanto una obligación legal como moral para garantizar que cada euro proveniente de los impuestos ciudadanos sea utilizado exclusivamente para servicios efectivamente prestados. No puede aceptarse que existan actas que certifiquen incumplimientos mientras continúan realizándose pagos como si todo estuviera funcionando correctamente. La negativa del Gobierno municipal a investigar posibles pagos por servicios no prestados refleja un problema mayor: un equipo directivo que evade su deber de supervisar y proteger los recursos públicos.