El origen de la alianza entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez, que comenzó con la compra de una vivienda en el municipio de Vera (Almería), ha terminado salpicando de lleno los pasillos de la Audiencia Nacional. El constructor e inversor inmobiliario ha entregado un escrito clave al juez instructor donde desvela que el antiguo jefe del Ejecutivo coordinaba los movimientos para lograr el millonario rescate público de la aerolínea Plus Ultra, una operación por la que el propio Martínez reconoce haber cobrado una comisión del uno por ciento.
La confesión se ha registrado mediante un documento oficial enviado al magistrado José Luis Calama, adelantándose así a su citación formal como investigado en la causa. Con este movimiento, el empresario busca ofrecer una cooperación total en el esclarecimiento de la trama. Según la versión de su defensa jurídica, la aerolínea fue de los primeros clientes de su firma, Análisis Relevante, tras recibir una notificación del propio exmandatario socialista advirtiéndole de que los directivos de Plus Ultra se pondrían en contacto con él para tratar la situación económica de la aerolínea.
En los encuentros posteriores con la cúpula de la compañía aérea, representados por sus máximos responsables institucionales, se expuso la urgente necesidad de inyectar capital privado o público. La defensa del contratista puntualiza que él carecía de los contactos y la capacidad para gestionar de forma autónoma estas vías de financiación, por lo que su papel se limitaba al de mero intermediario. El verdadero peso de la consultoría recaía sobre la figura del expresidente del Gobierno, de quien asegura que "marcaba los pasos a seguir" en todo momento, llegando a plantear iniciativas como el envío de correspondencia al Banco Santander para agilizar líneas de crédito avaladas por el Estado, un intento que finalmente resultó infructuoso al igual que las gestiones con otras entidades bancarias.
El rumbo de las negociaciones cambió radicalmente con la puesta en marcha de los fondos estatales gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para auxiliar a corporaciones estratégicas afectadas por la crisis sanitaria. Fue en ese periodo cuando la consultora y la línea aérea formalizaron una retribución mensual que, según el escrito, encubría realmente el pago por el asesoramiento previo del exdirigente socialista. Posteriormente, se rubricó otro acuerdo con una mercantil interpuesta para asegurar una prima de éxito equivalente al uno por ciento del total de la ayuda concedida, que ascendió a 53 millones de euros. La confirmación del éxito de la operación llegó directamente de boca del exlíder gubernamental antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.
Los pagos correspondientes a esta comisión se planificaron de forma fraccionada hasta el presente año debido a la fuerte repercusión mediática del caso. Por otra parte, la defensa ha querido desvincular de la causa judicial los casi trescientos mil euros en efectivo localizados por agentes de la policía nacional ocultos en diferentes estancias de su residencia madrileña, alegando que proceden de transacciones inmobiliarias ordinarias. Precisamente el sector inmobiliario fue el nexo que unió al empresario con el entorno del expresidente en 2011, cuando un intermediario común gestionó la adquisición de la finca en Vera, en tierras de Almería, un contrato de compraventa que llegó a firmarse de forma excepcional en el propio Palacio de la Moncloa.
Aquella transacción derivó en una amistad duradera afianzada por la práctica del deporte, compartiendo sesiones de entrenamiento hasta finales de 2025. Fue a las puertas de la pandemia cuando el grupo de confianza maduró la creación de una firma de asesoramiento que aprovechase la proyección institucional del exmandatario. Aunque el expresidente se mantuvo formalmente al margen de la estructura accionarial para evitar figurar en los registros oficiales, el escrito judicial sostiene que era él quien verdaderamente comandaba la entidad y tomaba las decisiones comerciales. El esquema empresarial se completaba con la participación de la sociedad de las hijas del político, encargada del diseño y maquetación de los documentos finales bajo un régimen de pagos mensuales que estuvo vigente hasta el pasado año.