Los hechos declarados probados por el Tribunal del Jurado se remontan a la noche del 23 de agosto de 2023, cuando el condenado acudió al domicilio particular de la víctima, situado en el Paraje Media Legua de Vera, con la intención de obtener un beneficio económico y eludir el pago de una deuda de 2.000 euros que mantenía con el fallecido[cite: 1]. En ese intervalo temporal, el agresor causó de manera consciente y voluntaria la muerte de la víctima por un medio que no ha podido ser determinado con precisión[cite: 1]. Tras la agresión en el interior de la vivienda, se apoderó de dos teléfonos móviles valorados en 149,59 euros, documentación personal diversa como el pasaporte y la carta de identidad gala, unas gafas graduadas y dos tarjetas de crédito, guardando todos los efectos en una mochila perteneciente al difunto[cite: 1].
Al día siguiente del homicidio, el imputado adquirió en una ferretería de Vera un pico y dos pares de guantes de poliéster, herramientas destinadas a facilitar la ocultación de lo sucedido[cite: 1]. Haciendo uso de un juego de llaves de la vivienda que conservaba en su poder, acudió a última hora de la tarde del 24 de agosto al inmueble para retirar el cuerpo sin vida y trasladarlo a un paraje indeterminado de la provincia de Almería[cite: 1]. Pese a las intensas labores de rastreo e investigación desarrolladas posteriormente, el cadáver no ha podido ser localizado[cite: 1]. Además, entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre de 2023, el condenado realizó nueve reintegros por valor total de 4.800 euros utilizando la tarjeta bancaria del fallecido en diferentes cajeros situados en las localidades de Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Los Gallardos y Garrucha, intentando ocultar su identidad con mascarillas y gafas de sol[cite: 1].
En la resolución del recurso, la Sala rechaza las alegaciones de la defensa relativas a la vulneración de la presunción de inocencia y a la supuesta nulidad por contaminación probatoria[cite: 1]. El tribunal destaca que la condena se sustenta en una sólida y articulada prueba indiciaria recopilada por la guardia civil, como la presencia de los objetos personales e inseparables de la víctima en los vehículos utilizados por el acusado, las grabaciones de cámaras de tráfico cercanas al domicilio, los datos telefónicos y las contradicciones manifestadas durante el proceso[cite: 1]. De este modo, se confirman íntegramente los diez años de prisión por el delito de homicidio, los tres años y seis meses por el delito de robo con violencia en casa habitada y los dos años adicionales por el delito de estafa[cite: 1]. Asimismo, el fallo mantiene la obligación de indemnizar con 30.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima y con 20.000 euros a su pareja sentimental, además de restituir 4.800 euros al caudal hereditario del fallecido[cite: 1].