La Junta de Andalucía, junto a los gobiernos de Valencia, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas en relación con el proyecto de modificación del Reglamento General de Costas.
Este movimiento busca consolidar un frente común ante Bruselas. La petición fue formalizada a través de una carta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen. En ella se insta a que se consideren las aportaciones realizadas durante el periodo de información pública del proyecto reglamentario.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, enfatizó que es esencial que la Comisión esté al tanto del posicionamiento mayoritario de las administraciones autonómicas con competencias en materia de litoral. Martínez expresó su inquietud sobre la posibilidad de que las instituciones europeas carezcan de toda la información necesaria antes de tomar decisiones en el proceso de infracción abierto contra España.
En su escrito a la ministra, Martínez recordó que el procedimiento europeo examina la compatibilidad con el Derecho de la Unión de varios aspectos de la normativa española sobre costas, incluyendo la Ley 22/1988 y sus modificaciones. Por ello, cuestionó por qué el Gobierno central ha optado por modificar únicamente el Reglamento General de Costas mientras postergaba reformas más amplias que afectan directamente a estas leyes.
La consejera subrayó que no se puede ignorar el hecho de que las administraciones autonómicas costeras tienen competencias directas en áreas como litoral, ordenación del territorio y medio ambiente. Martínez calificó como “especialmente grave” que el Ejecutivo central haya desestimado una posición compartida entre las comunidades autónomas que demanda la paralización del trámite del Reglamento hasta llevar a cabo una revisión integral de la Ley de Costas.
Además, advirtió que avanzar en una modificación reglamentaria sin considerar cómo estas alteraciones impactan en competencias autonómicas, así como en actividades económicas estratégicas y modelos diversos de gestión territorial, podría generar inseguridad jurídica y aumentar los conflictos competenciales. Esto afectaría tanto a la protección del litoral como al desarrollo económico vinculado al mar.
El documento enviado al Ministerio concluye con una solicitud explícita para que estas alegaciones sean trasladadas a Bruselas. El objetivo es asegurar que se incluya la perspectiva mayoritaria sobre las costas españolas en el expediente europeo. Esta reclamación ha sido firmada por Fina Martínez y otros consejeros regionales, incluyendo al vicepresidente tercero valenciano Vicente Martínez Mus y sus homólogos gallego, murciano, balear y cántabro.