Hay afirmaciones que no se sostienen ni con el viento de levante soplando a favor en el cabo de Gata. La última ocurrencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ante la prensa ha sido proclamar con absoluta solemnidad que «cuando gobierna la izquierda, la legislatura dura cuatro años, no solo cuando gobierna la derecha». A la vista de la cronología de la democracia, la aseveración no es solo un tropiezo conceptual; es un intento descarado de reescribir la historia a conveniencia.
A poco que se acuda a la hemeroteca y a los diarios de sesiones, los números cantan solos. Felipe González Márquez disolvió las Cortes en 1989 tras tres años de mandato e hizo lo propio en 1995, convocando para 1996 tras dos años y medio sofocado por la presión política. José Luis Rodríguez Zapatero, atado por la crisis económica, adelantó las urnas en 2011 tras tres años y medio. Y el propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón protagonizó mandatos de 11 meses en 2018 y de 7 meses en 2019, rematando con el adelanto de mayo de 2023 tras el descalabro en las autonómicas. De los ocho gobiernos del PSOE en el Estado, la norma habitual ha sido el recorte.
Pero lo verdaderamente sustancial no es la estadística pasada, sino la colosal anomalía del presente. Si Felipe González Márquez o José Luis Rodríguez Zapatero adelantaron comicios —al igual que hizo en su momento Mariano Rajoy Brey— fue por pura responsabilidad institucional al perder la capacidad de aprobar la ley más trascendental de cualquier Estado: los Presupuestos Generales.
Ahí radica la trampa del relato. La incapacidad del actual Ejecutivo para articular una mayoría parlamentaria estable ha dejado al Estado sin cuentas públicas aprobadas para el presente ejercicio, acumulando ya varios años a base de prorrogar presupuestos anteriores. Lo ordinario en democracia cuando un presidente no logra que el Parlamento le apruebe los presupuestos es asumir la realidad parlamentaria y convocar elecciones para que la ciudadanía vuelva a hablar. Lo extraordinario —lo verdaderamente insólito— es atrincherarse en el sillón a expensas de prorrogas interminables.
La obsesión por resistir a toda costa ha llevado a Moncloa incluso a encargar informes jurídicos para apurar las fechas al límite constitucional. El debate contable sobre si el mandato expira cuatro años después de la celebración de las elecciones, tras la constitución de las Cortes o a partir de la toma de posesión del presidente busca rascar unas semanas o unos meses más de oxígeno a un mandato agotado en lo legislativo.
Mandar sin presupuestos en el Estado no es gratis, y en la periferia el coste se multiplica. Mientras el Ejecutivo central vive en una prórroga permanente, infraestructuras estratégicas para la provincia de Almería, compromisos en materia hídrica o la actualización del modelo de financiación para Andalucía quedan en un limbo institucional.
Pretender hacer pasar el atrincheramiento parlamentario por «estabilidad de la izquierda» requiere un nivel de audacia política sideral. Lo anómalo no es que las legislaturas duren más o menos años; lo anómalo es intentar alargar la agonia legislativa sin cuentas públicas ni apoyos en el Congreso, recurriendo a la euforia verbal para tapar la parálisis real.