La provincia de Almería destaca como uno de los principales focos autonómicos donde la criminalidad de mayor entidad ha sufrido un acusado repunte durante el pasado ejercicio. Según el balance estadístico anual elaborado por la Fiscalía Superior de la comunidad, el volumen global de procedimientos incoados en diligencias previas ha permanecido prácticamente plano al registrar 340.701 asuntos, lo que representa una mínima variación al alza del 0,06 por ciento. Sin embargo, este escenario de aparente estabilidad esconde un notable incremento en los expedientes judiciales dirigidos a perseguir las conductas delictivas de mayor gravedad.
En concreto, la vía del procedimiento sumario, reservada para las infracciones penales acarreantes de las sanciones más severas, experimentó un ascenso del 13 por ciento tras instruirse 658 causas frente a las 572 del año previo, es decir, 86 supuestos más. La provincia de Almería, junto a los territorios de Cádiz, Jaén y Málaga, concentró el aumento más significativo de este tipo de procesos de alta complejidad.
Por contraposición al auge de los delitos graves, el cómputo global de infracciones penales orientadas a juicio experimentó una moderada reducción del 2,6 por ciento al contabilizarse 101.055 expedientes, lo que supone una merma de 2.591 asuntos. Esta suma engloba las diferentes figuras procesales, cuyo comportamiento interno ha resultado heterogéneo. Mientras las diligencias urgentes para juicios rápidos cayeron un 4,3 por ciento con 31.816 causas tramitadas frente a las 33.207 anteriores, los procedimientos abreviados registraron una subida del 6,9 por ciento al situarse en 39.960 expedientes comparados con los 37.180 del ejercicio precedente. Por su parte, los juicios con tribunal del jurado retrocedieron un 14 por ciento al pasar de 125 a 109 casos, en tanto que las vistas por delitos leves disminuyeron un 11,3 por ciento hasta situarse en 26.921 procedimientos respecto a los 29.971 del año anterior.
El informe resalta asimismo un crecimiento del 14 por ciento en las diligencias de investigación impulsadas por la propia Fiscalía, sumando 506 incoaciones más para alcanzar un total de 4.142. En cambio, los escritos de calificación formal presentados para juicio oral cayeron un 3,6 por ciento hasta los 87.957, frente a los 91.273 recabados el periodo previo. Del mismo modo, el número de sentencias dictadas en el ámbito penal acusó un descenso del 11,2 por ciento, fijándose en 71.498 resoluciones.
A la luz de estas magnitudes, la fiscal superior, Ana Tárrago Ruiz, ha vuelto a incidir en el elevado nivel de conflictividad judicial que afronta el territorio, remarcando la imperiosa necesidad de ajustar los medios humanos y materiales para prestar una atención pública rápida y eficaz. La máxima responsable del departamento subraya que las frías cifras estadísticas, elaboradas sobre la labor diaria de 505 fiscales, no alcanzan a reflejar la carga lectiva y operativa real que conllevan actuaciones complejas como la asistencia continua a declaraciones o la extensa fase preparatoria de los juicios.
En el marco de las estrategias para descongestionar los juzgados, el Servicio de Mediación Penal instaurado hace dos ejercicios por la Junta de Andalucía se consolida como una solución efectiva al haber duplicado las resoluciones pactadas entre las partes implicadas. La dirección de la Fiscalía confía en afianzar este mecanismo alternativo en el ámbito de las faltas y delitos menores, con el propósito de liberar plantilla e infraestructuras y volcar los recursos judiciales en las causas penales de máxima gravedad.
Por último, en lo relativo a la actividad jurisdiccional desarrollada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia autonómico —con sede principal en Granada y delegaciones en Sevilla y Málaga—, la Fiscalía intervino en 621 procedimientos penales, lo que entraña una subida del 19 por ciento respecto a los 502 del año anterior. Entre estas actuaciones figuraron 24 vistas de apelación correspondientes a causas con jurado, la resolución de 68 cuestiones sobre competencia penal y la tramitación de 38 expedientes penales abiertos contra jueces, magistrados o fiscales. Además, los recursos de apelación interpuestos contra autos se fijaron en 20, mientras que 7 se formularon contra dictámenes de jurado, elevando la cifra global de recursos de apelación tramitados hasta los 576, notablemente por encima de los 423 del periodo previo.