Basta un silbato en Rabat para que la historia cambie de dirección. Apenas unos días después de que decenas de miles de personas bordearan a nado el espigón del Tarajal para irrumpir en Ceuta, la inmensa mayoría ya ha hecho las maletas en sentido inverso. Volvieron por donde vinieron, exactamente con la misma disciplina con la que entraron. De las cerca de 50.000 personas que protagonizaron el episodio, se calcula que unas 49.000 ya han cruzado de nuevo hacia Marruecos. Un fenómeno verdaderamente insólito: la primera «invasión» de la historia que se repliega respetando el horario fijado por el país emisor.
Frente a semejante despliegue geopolítico, la clase política en el Estado español ha vuelto a hacer gala de una coordinación teatral admirable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dirección del Partido Popular encabezada por Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han coincidido en el mismo diagnóstico simplista: la culpa es de las «mafias de la inmigración». Resulta lamentable ver a las tres principales fuerzas del arco parlamentario doblegadas en un pacto de no agresión intelectual para no llamar a las cosas por su nombre.
La realidad es bastante más pedestre. La inmensísima mayoría de quienes cruzaron a nado eran ciudadanos marroquíes. Personas que, si hubieran querido instalarse irregularmente en Europa, habrían podido sacar tranquilamente un billete de ferry hacia los puertos de Málaga o de la provincia de Almería, o volar directamente a Madrid, para luego dejar caducar su visado en la península sin necesidad de mojarse la ropa ni arriesgar la vida. Pero no se trataba de buscarse la vida en el continente, sino de escenificar una demostración de fuerza ajena.
A Pedro Sánchez no le interesa enfrentarse a la cruda realidad de la presión del régimen que encabeza Mohamed VI. Resulta más cómodo mirar hacia otro lado mientras se cede de forma sistemática en expedientes tan sensibles como el proceso de descolonización y el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Una política de apaciguamiento que también salpica a la economía real: mientras se encogen de hombros ante la presión migratoria, cierran los ojos ante la competencia desleal que sufren el sector agrario y la pesca en la provincia de Almería y en el conjunto de Andalucía, permitiendo que productos del vecino del sur cruzen las fronteras de la Unión Europea reventando contingentes y controles arancelarios sin fiscalización real.
Por su parte, para Santiago Abascal y su formación, el episodio ha sido un regalo caído del cielo televisivo. Les ha permitido agitar el fantasma de la «invasión migratoria» en directo y a pantalla completa. Sin embargo, Santiago Abascal sabe perfectamente que esto no tiene nada que ver con la inmigración habitual ni con las mafias de tráfico de personas, sino con un pulso de peso político entre estados. Pero el titular alarmista vende demasiado bien como para dejar que la verdad estropee el discurso. Lo verdaderamente desalentador es que el Partido Popular, llamado a ser alternativa de gobierno, haya tragado con el mismo cuento de las mafias, demostrando una preocupante falta de profundidad geopolítica y quedando cortado por el mismo patrón que sus competidores. El PP se está volviendo algo indigerible.
Si el Estado tratara este asunto estrictamente bajo el prisma migratorio, le bastaría con recordar a Bruselas que la frontera de Ceuta es, a todos los efectos, una frontera europea. Aunque Ceuta y Melilla mantengan un estatus especial fuera del acuerdo Schengen, bastaría con subir a esas personas a un ferry y trasladarlas a la península para aflojar la presión demográfica en la ciudad autónoma. En cuarenta y ocho horas, al encontrarse ya en territorio de libre circulación continental, podrían estar tranquilamente en Francia, Alemania, Austria o Suecia. El problema migratorio pasaría a ser, de golpe, un asunto de gestión comunitaria.
España posee palancas diplomáticas y económicas evidentes si quisiera responder al pulso. Sin necesidad de pegar un solo tiro, Madrid podría promover en Naciones Unidas el debate sobre el referéndum del Sáhara, denunciar las vulneraciones de derechos humanos o exigir la aplicación estricta de aranceles y el control riguroso de contingentes a los productos agrícolas marroquíes que hoy entran perjudicando de forma directa al campo de la provincia de Almería, o suspender la ayuda al desarrollo que acaba en la siempre prieta cartera del sátrapa al-ghawi. Se trata, sencillamente, de ejercer la soberanía.
Pero ni la Monarquía como Jefatura del Estado, ni los gobiernos socialistas ni los del Partido Popular han tenido la entereza de sentarse a la mesa y dejar clara la premisa básica del vecindario: que ser vecinos es obligatorio, pero dejarse tomar el pelo, opcional.