Hubo un tiempo en que los veranos en la provincia de Almería, entre el sofocante poniente y los espejismos térmicos sobre el asfalto, venían acompañados indefectiblemente de portadas periodísticas sobre platillos volantes. Cualquier resplandor anómalo sobre el mar de Alborán o el horizonte alpujarreño servía para rellenar páginas de periodismo canicular. Sin embargo, la ufología clásica parece haber entrado en extinción. Ya nadie ve OVNIs. Ni tan siquiera ahora que el presidente norteamericano, Donald Trump, se ha dedicado a desclasificar a cuentagotas documentos sobre fenómenos aéreos no identificados a través del portal de su Departamento de Guerra. Un goteo de informes, transcripciones de las misiones Apolo y fotos en blanco y negro que, según coinciden los científicos, aportan bastante poco sustento a la presencia de extraterrestres.
Ante la dramática sequía de abducciones y avistamientos, quienes durante décadas convirtieron lo paranormal en su modus vivendi han tenido que acometer una drástica reconversión laboral. Sin necesidad de nombrar al célebre piloto de la medianoche televisiva que ha cambiado los espectros por las tertulias políticas en horario de máxima audiencia, resulta evidente cómo la nave del misterio ha virado el rumbo. Al quedarse sin alienígenas que llevarse a la boca, el foco mediático se ha desplazado hacia enigmas más mundanos: los casos de corrupción que salpican al PSOE o la compleja crisis fronteriza en Ceuta con Marruecos. Asuntos de indiscutible trascendencia pública, por supuesto, pero que expuestos bajo una atmósfera de solemnidad conspiranoica terminan funcionando exactamente igual que las psicofonías de antaño.
Vaya por delante que no me cuento entre los adeptos al conspiracionismo ni soy seguidor de estos divos de lo inexplicable. Tampoco creo en brujas ni en avistamientos nocturnos en el desierto de Tabernas. Pero si de verdaderos fenómenos paranormales se trata, resulta fascinante observar cómo estos sabuesos de lo oculto pasan de largo ante el mayor misterio que se registra en la actualidad en la Comunidad de Madrid. Un expediente X de volumen monumental que involucra al mercado inmobiliario y a la propia administración pública regional.
Hablamos de la enredada trama que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, el empresario Alberto González Amador. Un fenómeno que desafía cualquier lógica contable: inmuebles adquiridos tras el cobro de comisiones millonarias, investigaciones de la Fiscalía del Estado por presunto fraude fiscal a la Hacienda pública y contratos de alquiler entrelazados con sociedades patrimoniales administradas por sus propios asesores. La anomalía se supera a sí misma con la reciente compra, por parte de la empresa pública madrileña Planifica Madrid, de un ático de lujo en Chamberí bajo la peregrina justificación de usarlo como «oficina temporal» institucional, para anunciar su puesta en venta apenas veinticuatro horas después del escándalo público. Todo esto mientras el propio González Amador saca al mercado de manera simultánea el piso y el ático que compartía con la presidenta por una suma cercana a los 3,4 millones de euros.
Aquel despliegue patrimonial no vendrá del espacio exterior, pero el baile de sociedades, la opacidad de las explicaciones oficiales y las comisiones millonarias generan una curvatura espacio-temporal que sobrepasa cualquier relato de ciencia ficción. Estaría por ver si quienes presumen de revelar lo que otros ocultan le dedican un solo minuto de su tiempo a los poltergeist fiscales de Chamberí. Aunque quizá la explicación sea mucho más sencilla: en el periodismo del misterio, como en la vida misma, siempre es más cómodo buscar seres extraños en el cosmos que pedir cuentas a quienes mandan en las instituciones del Estado.