El archivo judicial de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en los programas de prevención y detección precoz del cáncer de mama en la provincia de Almería y en el conjunto de la Comunidad ha desencadenado una agria confrontación política. Tras confirmarse que el Ministerio Público no ha hallado indicios de infracción penal en la tramitación y seguimiento de las pruebas, la administración autonómica ha exigido un cambio de postura a los grupos de la oposición, mientras que la representación socialista recalca que mantendrá exigencias de información y control.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado formalmente a las formaciones opositoras que cesen en lo que considera ataques injustificados hacia la plantilla de profesionales sanitarios. El representante del Gobierno autonómico subrayó que el criterio fiscal refrenda la versión ofrecida desde el primer momento por las autoridades públicas, asegurando que se contactó de forma individualizada con la totalidad de las pacientes involucradas y que los exámenes médicos requeridos se completaron en un plazo aproximado de dos meses.
En esta misma línea, Sanz incidió en los esfuerzos presupuestarios desplegados para fortalecer las revisiones preventivas, con una cuantía superior a los cien millones de euros, a lo que se suma la contratación de la inmensa mayoría del personal sanitario prometido en este ámbito. El consejero aseguró además que la prevención de esta patología continuará figurando entre las prioridades del Ejecutivo, avanzando la futura implantación de sistemas basados en inteligencia artificial para el diagnóstico por imagen y la ampliación progresiva de los tramos de edad atendidos.
Por el contrario, desde la vertiente parlamentaria de la oposición, la portavoz adjunta del grupo PSOE, Ángeles Férriz, argumentó que el cierre de las diligencias en los juzgados no borra la negligencia ni las responsabilidades sanitarias y políticas de la gestión autonómica. La parlamentaria censuró la ausencia de informes detallados sobre el seguimiento actual a las mujeres afectadas y reprochó el rechazo de la mayoría parlamentaria a la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación sobre lo sucedido.
La decisión del órgano fiscal responde al sobreseimiento progresivo de los expedientes tras el archivo inicial incoado por la Fiscalía Superior y el posterior examen individualizado por parte de las fiscalías provinciales de Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. La investigación trataba de esclarecer posibles faltas de comunicación o demoras en la valoración de casos dudosos dentro de un colectivo que la propia administración sanitaria acotó en 2.317 usuarias en toda la Comunidad.