Las imágenes veraniegas que llegan desde el Palacio de Marivent en Palma ofrecen habitualmente un decorado de sosiego institucional, pero la audiencia del Rey Felipe VI al Presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, traía consigo un trasfondo sensiblemente más tenso. El encuentro se ha producido tras el grave episodio vivido en la frontera ceutí, donde la irrupción masiva de miles de ciudadanos marroquíes (y no marroquíes) hizo saltar todas las alarmas. No estamos ante un simple episodio de presión migratoria, sino ante un pulso diplomático de máximo nivel en el que el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, llegó a definir lo sucedido como una «violación y ataque a la integridad territorial de España».
Ante la magnitud del envite, las reacciones no se hicieron esperar. La Zarzuela emitió una nota pública expresando la «indignación y preocupación» del monarca, y tras la cita balear, el propio Juan Jesús Vivas Lara declaró ante los medios que el monarca le había trasladado un firme «compromiso» de visitar Ceuta. Sin embargo, no tardó en activarse la habitual maquinaria del reproche, señalando a Pedro Sánchez Pérez-Castejón por impedir supuestamente el desplazamiento real para no incomodar al Reino de Marruecos y a su monarca Mohamed VI. Resulta innegable que la agenda exterior del Jefe del Estado requiere el refrendo directo del Ejecutivo, pero achacar esta crónica ausencia a un único Gabinete exige un ejercicio de amnesia selectiva digno de elogio.
Los datos objetivos desmontan cualquier relato de conveniencia partidista. Felipe VI fue proclamado Jefe del Estado "a título de Rey" en junio de 2014. A lo largo de sus doce años de reinado, la Jefatura del Estado ha coexistido tanto con el Gobierno de Mariano Rajoy Brey, del Partido Popular, como con el de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Partido Socialista. Durante más de una década, con ejecutivos de muy distinto signo ideológico y atravesando severas crisis diplomáticas, las ciudades autónomas han permanecido fuera de la agenda de viajes oficiales de la Corona. De hecho, la última vez que un monarca pisó Ceuta y Melilla fue en aquel lejano noviembre de 2007, cuando aún reinaba Juan Carlos I.
El envoltorio politiquero choca de frente con la cruda realidad. A los representantes públicos se les llena la boca repitiendo que Ceuta y Melilla forman parte del Estado con exactamente las mismas garantias que Valencia, Teruel o cualquier provincia. Sin embargo, las agendas oficiales desmienten la consigna con una frialdad demoledora. El Jefe del Estado se desplaza con absoluta normalidad a cualquier punto de la península sin desencadenar movimientos telúricos geopolíticos ni requerir cautelas de alta diplomacia. En cambio, cuando el mapa señala la orilla norteafricana, la soberanía entra en un prolongado estado de hibernación preventiva.
La paradoja central de este episodio no reside en los permisos de viaje que firme o deniegue la Moncloa. Lo verdaderamente llamativo es que, tras calificar lo ocurrido como un «ataque a la integridad territorial» y tras manifestar públicamente la máxima «indignación», el Jefe del Estado concluya la audiencia estival sin fijar una fecha en el calendario para cruzar el Estrecho. Si ni las propias instituciones del Estado —comenzando por su máxima representación institucional y dinástica— ejercen su presencia con la naturalidad de quien se sabe en su propio territorio, las proclama de que Ceuta y Melilla son indiscutibles quedan reducidas a mera pirotecnia verbal.