Es impresionante la elasticidad con que se manejan los principios cuando se pasa de la pancarta de la oposición a la comodidad del coche oficial. La reciente reestructuración del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha dejado al descubierto una paradoja política de proporciones épicas, protagonizada con esmero por Vox y su portavoz parlamentario y vicepresidente segundo, Manuel Gavira.
Si se revisa el diario de sesiones y la hemeroteca electoral, Vox hizo bandera de una promesa troncal: combatir la hipertrofia administrativa, erradicar los «chiringuitos», recortar drásticamente el número de altos cargos y reducir el peso burocrático de la Junta de Andalucía. Su tesis de partida sostenía que los sillones carecían de importancia frente a la urgencia de aliviar la carga económica a los contribuyentes en el Estado. Sin embargo, en cuanto se ha abierto el reparto de competencias en la Comunidad Autónoma, la teoría sobre la austeridad ha saltado por los aires para dar paso a un desenfrenado atracón de nombramientos a dedo.
La contradicción adquiere dimensiones astronómicas en la macroconsejería que dirige el propio Manuel Gavira (Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local). Lejos de aplicar la tijera que preconizaban, este departamento se ha convertido en el único del Gobierno autonómico que duplica cargos en el ámbito territorial. Han creado dos Secretarías Generales Provinciales por cada una de las ocho provincias andaluzas, lo que en cada provincia —como en la de Almería— supone duplicar el aparato político. Esta ocurrencia organizativa eleva a 35 el número de altos cargos adscritos a un solo departamento y genera un sobrecoste directo de 645.656,72 euros anuales a las arcas del Estado. Quienes venían a demoler la estructura política han terminado por apuntalarla con doble columna de asesores.
Este movimiento se inserta en una factura global que el Gobierno autonómico de coalición entre el PP y Vox, presidido por Juan Manuel Moreno, va a hacer pagar al conjunto de los ciudadanos. La nueva estructura gubernamental supone un desvío de más de tres millones de euros al año. Para empezar, el encaje de tres vicepresidencias y la colocación de un puesto eventual extra de confianza en cada una de las 13 consejerías cuesta 2,7 millones de euros. A ello se suman 312.864,54 euros anuales para engordar las direcciones generales adscritas a la Vicepresidencia Primera de Antonio Sanz y otros 317.060,01 euros para sostener la nueva Consejería de Inteligencia Artificial. Si a esto se le añade la cuota patronal del 30 % a la Seguridad Social, el cómputo total eleva la cifra de altos directivos en 13 puestos más, alcanzando un récord de 314 altos cargos, según confirmó la propia consejera portavoz Carolina España.
Lo verdaderamente sangrante no es solo el engorde de la cúpula, sino cómo se va a financiar esta fiesta de nombramientos. Los informes económicos de la Consejería de Presidencia revelan que el sobrecoste se cubrirá mediante la «desdotación» de plazas vacantes de empleados públicos. En román paladino, y tal como ha denunciado el sindicato CCOO, la estrategia consiste en «recortar indios para aumentar el número de jefes». Se retira la partida económica destinada a cubrir puestos de administrativos y técnicos en la Administración General —dejando los mostradores vacíos en las delegaciones provinciales— para transferir ese dinero a las nóminas de los puestos de confianza nombrados a dedo.
La pirueta política de Manuel Gavira y sus socios deja así una lección magistral de ingeniería presupuestaria: mientras en las oficinas públicas faltan hands para atender los trámites reales de la ciudadanía, en las plantas nobles de la Comunidad Autónoma sobran partidas para repartir despachos. La promesa de reducir la administración autonómica ha terminado convertida en el arte de multiplicar los sillones a costa de los servicios públicos.