Mientras el paisanaje camina por la calle convencido de habitar el octavo paraíso terrenal —donde la luz, las playas y la gastronomía rozan la perfección—, los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) acaban de soltar una jarra de agua helada en mitad del bochorno estival. En la Encuesta de Coyuntura Turística, la provincia de Almería ostenta el deshonroso título de ser la peor valorada por los visitantes en toda Andalucía. El farolillo rojo. Un trofeo de consolación que sitúa a la provincia a la cola, contemplando desde la distancia cómo el resto de los territorios andaluces se reparten los aplausos de los viajeros. La pregunta que debería escocer no es si se merece semejante nota, sino cómo se ha trabajado tanto para lograrla.
Para empezar a entender la libreta de calificaciones, conviene analizar la odisea de quien osa aventurarse hacia esta esquina del mapa. El viaje hacia la provincia se ha convertido en una prueba de supervivencia. Alemania queda hoy simbólicamente más cerca del centro de Europa que la capital almeriense para un ciudadano que pretenda viajar desde Sevilla o Barcelona. Dentro de España, subirse a un tren exige una fe casi teológica. Mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por Óscar Puente, promete un despliegue de alta velocidad que siempre parece quedar postergado para un mañana indeterminado, la realidad ferroviaria cotidiana gestionada por Renfe se traduce en averías continuas y en trayectos que terminan, para sorpresa de nadie, transbordados a un autobús bajo el sol abrasador. Y si la alternativa es el aire, Aena y las aerolíneas se encargan de ahuyentar a los indecisos con tarifas astronómicas que convierten un billete doméstico en un desembolso inasumible para el turista medio.
Superada la yincana de la conectividad, el visitante aterriza en un modelo turístico volcado casi de forma exclusiva en el tradicional «sol y playa». Un modelo que exige reflexionar si lo que se ofrece responde realmente a las exigencias actuales o si se encuentra al borde del colapso. En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, las restricciones de tráfico impulsadas en su día por el PSOE desde la Junta de Andalucía y mantenidas por el Partido Popular han resultado insuficientes para contener la masificación estival. El propio alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha tenido que elevar la voz de forma vehemente ante la saturación y la degradación de un entorno donde el vertido de residuos y la impunidad del narcotráfico manchan la arena de espacios teóricamente hiperprotegidos. Pretender que el viajero puntúe con excelencia una estancia entre playas masificadas y deficiencias estructurales es un ejercicio de notable ingenuidad.
Por si fuera poco, las administraciones han encontrado en la proliferación de macrofestivales de música la medicina mágica para la economía provincial. Se vende el formato festivalero como el gran paradigma cultural del verano, cuando la contabilidad real demuestra que la gran caja se la llevan las productoras privadas, dejando en los municipios un impacto económico escaso, toneladas de residuos y un estrés de infraestructuras insostenible. Mientras tanto, el patrimonio monumental e histórico, empezando por la Alcazaba de Almería, continúa relegado a un segundo plano dentro de la estrategia promocional de la Junta de Andalucía. Si el Estado desconecta los accesos, la Comunidad Autónoma fía su oferta a la inercia del litoral y los municipios confían su suerte a los escenarios de quita y pon, el farolillo rojo del IECA no es ningún castigo injusto: es, exactamente, la nota que refleja la gestión acumulada.