La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un dispositivo de atención integral destinado a las familias golpeadas por el siniestro de Los Gallardos, un suceso que se cobró la vida de catorce personas en la provincia de Almería. Las actuaciones incluyen el suministro de manutención, cobertura residencial y la incorporación inminente de un equipo de traducción para agilizar los trámites de los parientes, en su mayoría de origen extranjero.

Antes de dar paso al protocolo formal de toma de posesión de las delegaciones en Almería, el representante del Gobierno autonómico en el territorio, Francisco Góngora, explicó que mantiene un diálogo fluido y constante con la portavocía de los damnificados. Entre las intervenciones asistenciales en curso, destaca el acompañamiento a una persona trasladada a Sevilla para permanecer junto a su madre durante un prolongado proceso de recuperación hospitalaria. Al mismo tiempo, el delegado instó a acelerar la concesión de las aportaciones económicas por emergencia de protección civil, cuya responsabilidad y competencia marco corresponden a los órganos del Estado.

Por su parte, el titular de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ratificó el compromiso directo del Gabinete autonómico, garantizando un acompañamiento continuo a los allegados de los fallecidos desde el momento en que se desencadenó la emergencia.

En el plano de la investigación formal, Góngora comprendió la exigencia de respuestas por parte de los afectados en un contexto de profundo dolor y confirmó la plena disposición del Ejecutivo para suministrar cuanta documentación e informes sean requeridos por el Juzgado de Vera, donde se instruyen las diligencias. Asimismo, subrayó la magnitud del operativo desplegado durante la extinción y resaltó la labor efectuada por los efectivos del operativo Infoca, reconociendo además que la propia plataforma de víctimas ha puesto en valor dicho trabajo.

Respecto a la decisión de algunas familias de personarse como acusación particular, Fernández-Pacheco consideró legítimo que ejerciten sus derechos legales y abogó por guardar cautela y respetar los plazos del proceso judicial antes de adoptar nuevas medidas. Finalmente, el consejero contrapuso la discreción del trabajo gubernamental centrado en la ayuda efectiva con las posturas del PSOE, formación a la que reprochó buscar un rédito político a costa de la tragedia para desgastar a la Junta de Andalucía.