Hay un fenómeno en la sociología patria que bien podría estudiarse en las facultades de arqueología: la capacidad de mantener intacto el dormitorio de la adolescencia pasados los treinta y tres años. El póster del grupo de música descolorido, la estantería con los cómics de la educación secundaria y, en la cama de noventa, un respetable graduado universitario con dos másteres que calcula si el dinero sobrante del mes le da para pagar la barra de pan o la suscripción al gimnasio. La tan cacareada emancipación ha pasado de ser un hito de madurez a una suerte de espectáculo de ilusionismo donde el truco consiste en sobrevivir gracias a la providencial transferencia bancaria de los progenitores.
Los números, siempre tan fríos como la realidad que retratan, no dejan espacio para la poesía. Según los últimos balances del Instituto de la Juventud y diversos organismos demográficos, apenas el 31% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vive sin depender financieramente de su entorno familiar. Dicho de otro modo: casi el 70% de la juventud en el Estado español necesita que sus padres —o la pensión del abuelo, que para eso está— les aflojen el bolsillo para conseguir cruzar la temida barrera del día 25 de cada mes.
No tiene precio escuchar los discursos oficiales sobre el futuro del tejido productivo mientras buena parte de la sociedad funciona a base de maleteros cargados con furgonetas de tuppers de croquetas los domingos por la tarde. El Estado español se encuentra trágicamente lejos de la media de la Unión Europea, donde la cifra de emancipación independiente alcanza el 50%. Pero el verdadero mérito de las políticas públicas locales reside en haber logrado el farolillo rojo: este es el territorio donde el indicador ha experimentado el retroceso más sangrante de los últimos años.
El drama, además, adopta tintes aún más oscuros cuando se rasca la superficie de la precariedad. Un demoledor 27% de la población de entre 16 y 29 años se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social. No estamos hablando de una cifra abstracta o de un margen de error estadístico: son más de dos millones de personas jóvenes que viven con el agua al cuello, atrapadas entre contratos basura, alquileres a precio de palacio renacentista e inflación galopante. Para este colectivo, la independencia no es un proyecto de vida; es un lujo asiático.
Mientras el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, y el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, continúan desgranando planes de vivienda y cheques de ayuda con nombres rimbombantes que tardan meses en tramitarse, la rutina costumbrista sigue su curso. La verdadera red de protección social no la forman los grandes decretos ley, sino la abuela que desliza un billete doblado en el bolsillo del nieto al despedirse. La economía del dinero familiar es la que realmente sostiene a una generación entera a la que se le prometió el cielo por estudiar y a la que se le ha acabado ofreciendo la habitación de su infancia como residencia indefinida.