Asociaciones de jueces y magistrados han manifestado su postura sobre la tramitación de las solicitudes de asilo en España, enfatizando que estas deben ser analizadas de manera individualizada, es decir, “caso a caso”. Este enfoque subraya que el ingreso irregular al país no justifica la implementación de “denegaciones en masa” ni anula el derecho a solicitar protección internacional.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más representativa del sector, junto con el Foro Judicial Independiente (FJI), se han pronunciado sobre la situación actual de los solicitantes de asilo en medio de la crisis migratoria que afecta a Ceuta. Esta declaración surge en un contexto crítico, tras la llegada masiva de 80.000 personas desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, evento que resultó en la trágica pérdida de 83 vidas.
En respuesta a esta crisis, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha instado al Gobierno central a desestimar las solicitudes de asilo presentadas por los migrantes. Vivas ha sido claro: “Retorno a Marruecos. Ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro”, argumentando que esta decisión es crucial para “el presente y futuro” de Ceuta y busca evitar que la “presión migratoria” se convierta en un instrumento para desestabilizar.
El apoyo a esta propuesta ha llegado desde las altas esferas del Partido Popular (PP). Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha respaldado públicamente esta medida, asegurando que no infringe ninguna legislación internacional y citando precedentes como el caso de Grecia, donde se suspendió temporalmente el derecho al asilo debido a amenazas a la seguridad nacional.
A pesar del respaldo político a las denegaciones masivas, la APM recalca que el marco legal español permite endurecer y acelerar los procesos para las solicitudes de protección internacional en frontera. Sin embargo, advierten que no se puede decidir previamente que todas las personas que ingresan irregularmente verán rechazadas sus solicitudes. “Cada solicitud debe ser evaluada”, insisten fuentes del colectivo.
Además, aclaran que “entrar irregularmente en España no otorga derechos para permanecer”, pero esto no debe eliminar el derecho fundamental a solicitar asilo. “Son dos planos jurídicos diferentes”, concluyen.
Roberto García Ceniceros, presidente del FJI, también ha destacado que aunque corresponde al Ejecutivo resolver estas peticiones, el sistema está diseñado para un análisis detallado caso por caso. Según García Ceniceros, solo se debería conceder asilo a quienes cumplan con los requisitos establecidos sin caer en prácticas de denegación masiva.