Los obstáculos al empadronamiento que sufren personas vulnerables en distintos municipios almerienses no pueden contemplarse como simples problemas burocráticos. Cuando estas trabas afectan especialmente a personas migrantes, trabajadores de los asentamientos y familias en situación de precariedad, el padrón corre el riesgo de convertirse en una herramienta de exclusión social que acompaña las políticas xenófobas de PP y Vox.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido que recordar a varios ayuntamientos almerienses sus obligaciones legales y reclamar que eliminen las trabas al empadronamiento de personas vulnerables. No hablamos de una cuestión menor: hablamos de personas que viven realmente en nuestros municipios y a las que se dificulta que la Administración reconozca esa realidad.
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que toda persona debe inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente. Su artículo 16 establece que el padrón constituye prueba de la residencia y del domicilio habitual.
El padrón no pregunta quién nos gusta: pregunta quién vive aquí
Las instrucciones estatales establecen que el padrón debe reflejar la realidad residencial. Las infraviviendas, incluidas chabolas y caravanas, pueden figurar como domicilio y, para quienes carecen de domicilio convencional, existe la posibilidad del denominado domicilio ficticio.
Por tanto, un Ayuntamiento no puede convertir la precariedad residencial en una razón para negar el empadronamiento. Si existen dudas, debe comprobar la residencia mediante Servicios Sociales, Policía Local u otros medios. Comprobar no significa exigir documentos imposibles de obtener.
La cuestión adquiere una dimensión política cuando estas trabas aparecen, precisamente, en municipios donde reside buena parte de la población migrante que trabaja en la agricultura intensiva y donde PP y Vox han construido un discurso que presenta la inmigración como un problema y reclaman mayores restricciones.
Porque invisibilizar administrativamente a una parte de la población no hace desaparecer la inmigración: solo dificulta que esas personas puedan ejercer sus derechos.
El empadronamiento es la puerta de otros derechos
No estar empadronado puede dificultar el acceso a prestaciones y servicios sociales. Por eso el padrón constituye, en la práctica, una puerta de entrada a otros derechos.
Almería conoce perfectamente la realidad de los asentamientos vinculados a la agricultura intensiva. Allí viven trabajadores que sostienen buena parte de nuestra economía y que, en ocasiones, carecen de una vivienda convencional.
Pero una cosa es combatir la infravivienda y otra muy diferente hacer desaparecer del padrón a quienes viven en ella. La solución a una chabola no es negar que allí vive una persona: es garantizar vivienda digna.
Los gobiernos municipales no están por encima de la ley. Una denegación injustificada puede ser recurrida y generar responsabilidades administrativas y, en determinados supuestos, patrimoniales o penales.
Para acabar con esta situación, que viene repitiéndose desde hace años, desde Movimiento Sumar proponemos:
No pedimos que los ayuntamientos sean más generosos. Exigimos que cumplan la ley. Quienes gobiernan un Ayuntamiento tienen la obligación de gobernar para todos sus vecinos, también para quienes viven en una chabola, un asentamiento o carecen de recursos. El padrón debe registrar quién vive en un municipio, no es una medida para decidir quién merece vivir en él.
Y cuando PP y Vox convierten la inmigración en el enemigo político, los ayuntamientos tienen todavía más obligación de garantizar que los derechos administrativos no dependan del origen o la situación económica.
Porque la xenofobia puede instalarse en un discurso, pero también puede hacerlo en un trámite administrativo. Y ahí es donde una sociedad democrática tiene que poner límites.