Aunque Almería no pertenece geográficamente a la cuenca del Tajo, la parálisis del acueducto por tercer mes consecutivo ahoga al regadío de Pulpí y Antas. Con el embalse de Cuevas del Almanzora al 8% de su capacidad, la desaladora de Villaricos atascada en un laberinto burocrático y el trasvase del Negratín bloqueado por la burocracia, la sombra de las extracciones ilegales vuelve a planear sobre el motor agroexportador del Mediterráneo.
A primera vista, la distancia entre las tierras alcarreñas de Entrepeñas y Buendía y las explotaciones agrícolas del Levante almeriense podría sugerir que la provincia de Almería vive al margen de los vaivenes del acueducto Tajo-Segura. Sin embargo, la realidad hídrica de la comarca desmiente de forma rotunda esta creencia. La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de suspender por tercer mes consecutivo los envíos de agua para riego a través del trasvase Tajo-Segura ha provocado una sacudida directa en el balance de agua del río Almanzora, privando a las comunidades de regantes locales de cerca de un 30% de sus recursos habituales.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) engloba en su red de distribución a miles de hectáreas situadas en el extremo oriental de Almería. Cuando el grifo del Tajo se cierra en la cabecera, la cuenca del Almanzora no solo pierde de forma inmediata hectómetros cúbicos de agua dulce, sino que se ve obligada a reordenar de urgencia todo su esquema de suministro. La falta de este volumen intercuencas desplaza de inmediato la demanda hacia fuentes alternativas que ya se encuentran al límite de su capacidad operativa.
Esta dependencia genera un grave quebranto económico en los costes de producción agrícola. El agua procedente de los trasvases tradicionales —como el Tajo-Segura o el Negratín— llega a las explotaciones con una tarifa histórica sostenible, situada en torno a los 0,28 euros por metro cúbico (incluyendo los cánones de amortización a la empresa pública Acuamed y los costes de impulsión). Al desaparecer el recurso superficial, los agricultores se ven abocados a recurrir masivamente al agua desalada, cuyo precio oscila entre los 0,60 y los 0,80 euros por metro cúbico.
| Fuente de Recurso Hídrico | Cuenca u Origen | Estado Operativo | Coste Estimado y Condicionantes |
|---|---|---|---|
| Trasvase Tajo-Segura | Tajo → Segura → Almanzora | Suspendido para riego (3er mes) |
~0,28 €/m3; pérdida del 30% del volumen asignado. |
| Trasvase Negratín-Almanzora | Guadalquivir → Almanzora | Inactivo desde julio de 2021; en vías de reapertura |
Hasta 50 hm3/año (43 hm3 riego / 7 hm3 abasto); pendiente de comisión. |
| Embalse Cuevas del Almanzora | Cuenca Mediterránea Andaluza | Nivel crítico (~8% - 14%) |
Reserva testimonial (~12-13 hm3 sobre 161 hm3). |
| Desaladora Bajo Almanzora I | Desalinización marina (Villaricos) | Paralizada desde la riada de 2012 |
En obras; presupuesto elevado a 19,5 M€; apertura prev. 2028/2029. |
Más allá del sobrecoste financiero derivado del consumo energético de la ósmosis inversa (que requiere entre 3,70 y 4,30 kWh por metro cúbico producido), el agua desalada plantea retos agronómicos de envergadura. Su elevada acidez, su carácter corrosivo para las redes de riego y las concentraciones residuales de boro exigen mezclarla obligatoriamente con aguas de trasvase o de embalse para evitar problemas de fitotoxicidad en cultivos sensibles como los cítricos o las hortalizas de hoja. El corte del Tajo rompe este equilibrio técnico, dejando a las cooperativas agrícolas sin el elemento diluyente indispensable para garantizar la calidad agronómica del agua.
Para comprender la magnitud de la crisis basta con situarse en las orillas del embalse de Cuevas del Almanzora. Lo que debería ser la gran reserva hídrica del Levante almeriense, con una capacidad total de diseño de 161 hectómetros cúbicos, se ha convertido en un espejo de agua residual rodeado por grietas de fango cuarteado.
Los datos de control hidrológico indican que las reservas del pantano languidecen entre los 12 y los 13 hectómetros cúbicos almacenados, lo que sitúa su volumen útil en un paupérrimo rango de entre el 8% y el 14% de su capacidad total. Esta cantidad testimonial apenas permite mantener caudales ecológicos y atender emergencias puntuales de abastecimiento urbano, dejando al sector agrario sin margen de regulación frente a la sequía prolongada.
La agonía del embalse cuevano es el síntoma visible de un déficit hídrico estructural. La cuenca del Almanzora registra de forma sistemática los niveles de pluviometría más bajos de toda la Península Ibérica, lo que impide que las escasas lluvias endógenas recarguen el vaso del pantano. Históricamente, la infraestructura sobrevivía gracias a los aportes constantes del trasvase Negratín-Almanzora y las transferencias de la cuenca del Segura. Al clausurarse las entradas externas de agua, la evaporación y los consumos mínimos han terminado por dejar el embalse al borde del colapso funcional.
En medio de este escenario de ahogo, los regantes del Levante dirigieron su mirada hacia el norte de la comarca, confiando en la reapertura del trasvase Negratín-Almanzora. Regulada por la Ley 55/1999, esta conducción intercuencas contempla el envío de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales (43 destinados al regadío y 7 al consumo humano) desde el embalse del Negratín, en la cuenca del Guadalquivir (Granada), hasta la cuenca del Almanzora.
Sin embargo, este canal permaneció seco desde julio de 2021 debido a las estrictas reglas de explotación impuestas por la normativa nacional. Para que el trasvase pueda activarse deben cumplirse simultáneamente dos requisitos técnicos e inflexibles:
Que el embalse del Negratín albergue un volumen superior a los 210 hectómetros cúbicos.
Que la regulación general de la cuenca del Guadalquivir se encuentre por encima del 30% de su capacidad total.
A comienzos de 2026, tras el paso de intensas borrascas atlánticas que regaron el sur peninsular, las reservas del Negratín alcanzaron los 216,6 hectómetros cúbicos (superando posteriormente los 322 hectómetros cúbicos, equivalentes al 56,4% de su capacidad) y la cuenca del Guadalquivir rebasó con holgura el umbral del 30%. La cumplimentación de estos parámetros motivó que la Junta de Andalucía solicitase formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la inmediata convocatoria de la Comisión de Gestión Técnica para reanudar los envíos de agua hacia Almería.
A pesar del optimismo inicial, el reinicio de las transferencias se topa con la lentitud de los trámites administrativos interministeriales y la necesidad de revisar las canalizaciones tras casi cinco años continuados de inactividad técnica. Esta demora mantiene en vilo a miles de agricultores que ven cómo el agua acumulada en Granada no termina de fluir por los tubos hacia los campos almerienses.
La fragilidad del esquema hídrico comarcal se explica también por el prolongado fracaso de la desaladora del Bajo Almanzora I, ubicada en la pedanía costera de Villaricos (Cuevas del Almanzora). Concebida para producir 15 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada con los que blindar el riego del Levante, la planta sufrió el impacto de la riada de San Wenceslao el 28 de septiembre de 2012. El desbordamiento de la rambla de Canalejas anegó las instalaciones —construidas en una zona inundable— y destrozó sus equipos electromecánicos antes de que pudiera ser inaugurada oficialmente.
Desde aquel desastre natural, la reconstrucción de la planta se ha transformado en un calvario técnico y financiero. Aunque el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras se adjudicó en marzo de 2022, la fase previa se alargó hasta los 29 meses (frente a los 10 previstos) debido al hallazgo imprevisto de roturas en las conducciones submarinas de captación. Las obras físicas sobre el terreno no arrancaron oficialmente hasta el 21 de noviembre de 2025.
El calendario de puesta en marcha se ha vuelto a retrasar tras la aprobación por parte de Acuamed del Tercer Modificado del Proyecto, una adenda que incrementa el presupuesto total de la obra de 18,2 a 19,5 millones de euros y que introduce complejos condicionantes ambientales y tecnológicos:
Adecuación normativa europea: Sustitución de las cabinas eléctricas originales por modelos ecológicos libres de gases fluorados (específicamente hexafluoruro de azufre, SF6), con un sobrecoste de 790.241 euros en ejecución material.
Protección de especie amenazada: La localización de 62 ejemplares del molusco protegido Pinna rudis en las inmediaciones del emisario submarino ha obligado a planificar la reubicación de 42 individuos a zonas seguras y a establecer un programa de vigilancia ambiental de dos años bajo la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica.
Seguridad frente a riadas: Modificación del trazado de la línea eléctrica para coordinarlo con el futuro encauzamiento de la rambla de Canalejas y evitar nuevas inundaciones.
Actualización tecnológica: Reemplazo de componentes electromecánicos cuyos diseños databan de 2008 y que habían quedado descatalogados.
Como resultado de esta modificación, el plazo contractual acumula 72 meses y una semana de duración desde su firma en 2022. Este nuevo horizonte traslada la finalización oficial de las obras de reparación a marzo de 2028. Aunque el Gobierno prevé probar un primer bastidor provisional en el segundo trimestre de 2027 para aportar caudales reducidos, la operatividad plena de la planta y la entrega continuada de sus 15 hectómetros cúbicos anuales no se alcanzará hasta bien entrado el año 2029.
La combinación de trasvases cortados, pantanos exhaustos y desaladoras atascadas acorrala al tejido productivo de municipios como Pulpí y Antas, considerados la despensa hortícola de Europa por sus producciones de lechuga, brócoli y cítricos destinadas a la exportación continental.
Entidades de regantes como la SAT 2503 Antas o las cooperativas de Pulpí han realizado grandes inversiones para canalizar agua desalada desde Carboneras o Torrevieja y asumir la amortización de balsas de regulación privadas. Sin embargo, la brecha entre el coste disparado del agua desalada y la rentabilidad de las cosechas ahoga las cuentas de los agricultores.
Esta presión económica y la falta de recursos superficiales han reencendido las alarmas sobre el uso no autorizado de aguas subterráneas. En el término municipal de Antas, investigaciones policiales y judiciales han puesto bajo la lupa a propietarios agrícolas e intermediarios acusados de la sobreexplotación de pozos carentes de concesión administrativa o de la comercialización irregular de caudales a terceros. Durante las actuaciones judiciales, algunos investigados llegaron a declarar que vendieron agua subterránea por un principio de "solidaridad" vecinal para evitar la muerte de arbolados y la quiebra de explotaciones agrícolas colindantes.
Colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción advierten que este argumento oculta una severa amenaza ambiental. La extracción incontrolada en momentos de sequía acentúa el sobreaprovechamiento de los acuíferos del Almanzora, favoreciendo la intrusión marina en la franja costera de Vera y Cuevas de Almanzora y salinizando de forma irreparable las reservas subterráneas de las que depende el futuro del territorio.
El escenario crítico que atraviesa el Levante almeriense pone de manifiesto los límites de un modelo dependiente de soluciones provisionales e infraestructuras vulnerables. La parálisis del Tajo-Segura demuestra que Almería no puede desligar su planificación de la situación meteorológica y política de otras cuencas hidrográficas.
Para evitar el colapso del sector agrario y frenar la proliferación de captaciones clandestinas en Antas y Pulpí, los expertos y organizaciones del sector coinciden en la necesidad de articular una estrategia de resiliencia hídrica estructurada en cuatro ejes prioritarios:
Energía solar para la desalinización: Vincular directamente las plantas desaladoras a parques fotovoltaicos dedicados para abaratar el coste del metro cúbico por debajo de los 0,40 euros, haciendo asequible el recurso desalado sin arruinar a las explotaciones.
Telemetría y control ambiental: Implantar redes públicas de contadores digitales en todas las extracciones subterráneas de la cuenca del Almanzora para garantizar la transparencia, proteger las masas de agua y erradicar el mercado negro.
Reutilización de aguas regeneradas: Maximizar el tratamiento terciario en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas de la comarca para incorporar caudales adicionales a las balsas de riego.
Finalización de las obras de conexión: Agilizar de forma prioritaria la reactivación del trasvase Negratín-Almanzora y acelerar la reconstrucción de la desaladora del Bajo Almanzora I con protecciones efectivas frente a avenidas fluviales.
Sin una respuesta coordinada que combine la inversión en infraestructuras resilientes con un control estricto de los recursos públicos, el motor agrícola del Levante almeriense continuará caminando por el filo de la navaja entre la sequía climática y la asfixia económica.