La sección judicial correspondiente de la Audiencia Provincial de
Almería abrirá el próximo 22 de octubre las sesiones de la vista oral con jurado popular para esclarecer las responsabilidades penales en el
asesinato del historiador virgitano y trabajador municipal
Antonio Campos, cuyo cuerpo fue descubierto maniatado dentro de un coche en
El Ejido en otoño de 2025.
El único imputado en la causa, identificado con las iniciales H.H., afronta una petición global de 22 años de cárcel formulada por el Ministerio Público, que le atribuye los delitos de
asesinato alevoso y sustracción violenta de vehículo. Por su parte, la acusación particular en nombre de los allegados del fallecido eleva la solicitud hasta los 28 años de reclusión, sosteniendo la calificación de
asesinato agravado. Frente a estos planteamientos, la estrategia defensiva encuadra lo sucedido en un
homicidio bajo la eximente incompleta de legítima defensa e incluye la atenuante de colaboración.
Los hechos que se juzgarán se remontan a la noche del 27 de septiembre de 2025, cuando Campos abandonó su casa en
Berja para acudir a una cita previamente acordada en
El Ejido. Ambos hombres se desplazaron hasta un sector de invernaderos situado en el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar, donde, avanzada la madrugada, el investigado agredió a la víctima utilizando un bloque de hormigón de grandes dimensiones.
Las evaluaciones de los forenses apuntan a un ataque repentino desprovisto de signos de defensa activa por parte de la víctima, presentando el cadáver más de una veintena de contusiones y traumatismos craneales severos producidos por múltiples impactos directos. A pesar de que el encausado adujo en fases posteriores del proceso haber actuado tras una riña en la que se sintió amenazado, la acusación pública mantiene que la contundencia y reiteración de los golpes evidencian una clara intención de causarle la muerte sin darle opción a repeler la agresión.
Tras consumar la agresión mortal, el procesado sujetó las extremidades del fallecido con plásticos de uso agrícola y situó el cuerpo en el espacio del maletero. Posteriormente, utilizó el automóvil del propio finado para realizar desplazamientos continuados por distintas zonas de
El Ejido hasta estacionarlo definitivamente cerca de San Agustín, lugar donde fue hallado horas más tarde tras la alarma generada por la desaparición. La Fiscalía reclama asimismo una compensación de 350.000 euros para los familiares en concepto de responsabilidad civil, solicitando que no se conceda la clasificación en tercer grado penitenciario hasta haber extinguido al menos la mitad de la pena fijada.