Pido perdón de antemano por volver a abrir el cajón de Ceuta, pero el sopor de agosto y la tregua de las vacaciones judiciales prácticamente lo exigen. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apura los últimos días de calma chicha antes de que en septiembre los tribunales reactiven los procesos judiciales pendientes, no queda más remedio que dedicar la canícula a las elucubraciones geopolíticas. Entre la solana estival que se nos viene encima tras la tormenta de verano que hemos tenido, y las rachas de levante que ahí siguen, se me ocurre una afirmación aparentemente polémica: España debería asumir, sin ningún tipo de complejo, la doctrina de soberanía territorial que utiliza Marruecos.
Si la premisa de Rabat para cuestionar la soberanía de Ceuta y Melilla se reduce a una mera cuestión de proximidad geográfica, utilicemos su misma vara de medir. Dado que Ceuta, Melilla y las Islas Canarias forman parte inalienable del Estado español —sumado al antecedente del Sáhara Occidental—, la contigüidad territorial del Estado español en el continente africano, dicta que Marruecos, al encontrarse rodeado por estas plazas, tendría que pasar a ser territorio español. Si la linde es el único título de propiedad, la soberanía sobre el mapa marroquí nos corresponde por pura cercanía.
Siguiendo esta impecable lógica del dominó, ¿por qué detener la tiza ahí? Si la proximidad manda, Portugal linda directamente por el oeste, de modo que toda la Península Ibérica debería quedar bajo la misma administración, como serviría también para dejar claro de una vez que Gibraltar tendría que ser español, no por retruécanos históricos, sino sencillamente por proximidad (como Irlanda del norte debería pasar a estar bajo soberanía de la república del Eire). Una vez integrados los territorios del norte de África, la linde con Argelia nos daría derecho a reclamar la soberanía sobre el país vecino. Hacia el norte, el principado de Andorra caería por puro contacto fronterizo y, continuando la cadena de contigüidad, la pretensión abarcaría a Francia hasta plantarse en los Alpes.
Y así podríamos seguir, anexionando que es gerundio. El único fallo de este planteamiento cartográfico surge al llegar a Italia. Allí, cualquier gobernante podría desempolvar la historia de Roma y aplicar la misma doctrina en sentido inverso: argumentar que, por proximidad y antecedentes, es la Península Ibérica la que debe volver a ser una provincia de su imperio. Una elucubración disparatada, desde luego, pero que sirve para evidenciar la inconsistencia de las pretensiones sobre Ceuta y Melilla: un artificio argumental sin pies ni cabeza que se desmorona en cuanto se le aplica una pizca de lógica.