El Gobierno andaluz ha movilizado una petición formal hacia la administración central para paliar las drásticas consecuencias provocadas por las recientes catástrofes naturales. Durante la reunión de su gabinete, la
Junta de Andalucía acordó instar formalmente al Gabinete de Ministros a otorgar la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a 31 términos municipales de la Comunidad, un paquete de auxilio en el que la provincia de
Almería figura de forma directa por los devastadores fuegos desatados en las áreas de
Nacimiento y
Las Tres Villas.
La iniciativa busca subsanar el vacío dejado por la anterior orden gubernamental emitida a finales de julio, resolución que abarcó más de doscientas ubicaciones a nivel estatal pero que omitió la oleada de siniestros forestales registrada en la tramo final de dicho mes y durante el periodo estival, así como la secuencia de sacudidas telúricas sufridas en tierras granadinas. Junto a las poblaciones almerienses de
Nacimiento y
Las Tres Villas, la solicitud abarca otros trece municipios damnificados por las llamas en Huelva, Sevilla y Granada, además de 16 localidades golpeadas por la actividad sísmica continuada en el territorio granadino.
Los episodios adversos han causado importantes perjuicios personales y severos desperfectos en enseres privados, viviendas, así como en infraestructuras públicas y redes de servicios fundamentales. Atendiendo al marco normativo vigente en materia de protección civil del Estado, la envergadura de estos acontecimientos faculta la entrada en juego de partidas extraordinarias. Estas medidas contemplan desde asignaciones presupuestarias para particulares por pérdidas en residencias habituales, hasta la articulación de líneas de financiación preferente, compensaciones a corporaciones locales por intervenciones de emergencia, aportaciones a la actividad industrial afectada e incentivos de carácter fiscal y laboral.
De forma complementaria a la acción requerida a las instituciones estatales, el Ejecutivo andaluz articulara sus propios mecanismos de ayuda a las administraciones locales golpeadas por catástrofes. La meta final pasa por destinar los recursos autonómicos necesarios para reparar los daños materiales y acelerar el restablecimiento de la vida cotidiana y los servicios en los municipios damnificados.