La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha presentado un informe a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, en el que se detalla si se recibió alguna alerta antes de la masiva entrada irregular de miles de personas en Ceuta desde Marruecos, ocurrida los días 30 y 31 de julio. Este documento responde a las preguntas planteadas por la magistrada el pasado 5 de agosto sobre los avisos previos a la crisis migratoria.
Según fuentes del caso, el informe aborda cuestiones específicas relacionadas con los efectivos desplegados en Ceuta, así como detalles sobre las operaciones de rescate y las circunstancias personales de los fallecidos y supervivientes. En su solicitud, Tardón pedía información sobre el dispositivo operativo de la Guardia Civil en la zona y requería datos sobre las víctimas, incluyendo causas y fechas de muerte, así como la identidad y localización de los sobrevivientes.
Además del informe entregado por la Guardia Civil, la jueza también solicitó un documento a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Este informe fue elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF), que investiga si hubo una acción concertada impulsada por un grupo criminal durante la crisis migratoria.
El análisis del CENIF, que consta de 55 páginas, sugiere que gendarmes marroquíes pudieron haber estado involucrados en la planificación del ingreso masivo de migrantes. Sin embargo, el Gobierno español sostiene que no existen pruebas concluyentes que vinculen a ningún gobierno o servicio de inteligencia con estos hechos.
La decisión del CENIF de elevar directamente su informe a la jueza generó malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, solicitó explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y envió una carta a Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), expresando su preocupación.
Tanto Marlaska como el presidente Pedro Sánchez han indicado que el desconocimiento por parte de la cadena de mando sobre este informe podría afectar a la seguridad nacional. No obstante, Perelló respaldó la actuación judicial y pidió respeto por la independencia del poder judicial.
Ante esta situación, Tardón ha decidido abrir diligencias previas tras una denuncia penal presentada por Iustitia Europa, que acusa a funcionarios españoles y extranjeros vinculados a organizaciones criminales por delitos contra la Seguridad del Estado. Se espera que pronto remita el informe a la Fiscalía para determinar si considera competente a la Audiencia Nacional para continuar con esta investigación.