El procedimiento que investiga la trágica muerte del pequeño Lucas a finales del año pasado en la provincia de
Almería afronta un momento clave en el ámbito judicial. La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Vera ha acordado citar de manera presencial a la progenitora del menor, Bárbara Y.B.O., con el fin de someterla a un examen médico por parte del Instituto de Medicina Legal con sede en
Huércal-Overa el próximo 11 de septiembre.
En la providencia emitida, la instructora remarca de forma taxativa que el reconocimiento no se efectuará de manera remota. Esta determinación obedece a los fallos constantes e inconvenientes técnicos registrados habitualmente en las conexiones por videoconferencia con la institución médica forense, una limitación que el juzgado considera inasumible dada la gravedad de la causa penal en marcha.
Los dos principales implicados en la causa atraviesan momentos procesales distintos. Mientras la mujer permanece en libertad bajo medidas cautelares desde mediados del mes de abril para atender a su recién nacido, su pareja sentimental, Juan David R.C., continúa ingresado en prisión preventiva dentro del centro penitenciario de Albolote.
De forma paralela, el juzgado pretende reconstruir detalladamente los contactos telefónicos previos al fatal desenlace. Al no haberse podido completar la notificación por correo postal enviada a las dependencias de los servicios sociales de la
Junta de Andalucía, la magistrada ha requerido formalmente a los equipos comunitarios de la zona para que aporten los registros de las llamadas cruzadas con los investigados durante el 3 de diciembre de 2025 y la identidad de los profesionales que intervinieron.
El menor de cuatro años falleció a consecuencia de un severo traumatismo en la zona abdominal que derivó en un desgarro hepático y una hemorragia letal dentro del domicilio donde residía. Posteriormente, los sospechosos trasladaron el cuerpo hasta una antigua estructura defensiva junto al litoral de
Garrucha, donde fue hallado por los efectivos policiales en el marco de una causa que también indaga presuntos episodios continuados de maltrato en el ámbito familiar en nuestro país.